América Latina en construcción

La región requiere 142.000 millones de dólares al año para desarrollar infraestructuras

¿Usted qué haría con la fortuna de los dos hombres más ricos del mundo? Eche cuentas: Bill Gates posee 75.000 millones de dólares y Amancio Ortega 67.000. En conjunto alcanzan los 142.000 millones, según la última clasificación de la revista Forbes. ¿Ya lo pensó? La cifra es justo la inversión adicional que se requiere anualmente y por un tiempo prolongado en América Latina para los proyectos de infraestructura que contribuirán al desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del continente.

De acuerdo con un análisis elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el subcontinente más de 31 millones de ciudadanos no tienen acceso a los servicios de agua potable, 24 millones carecen de electricidad y 107 millones de latinoamericanos no disponen de instalaciones de saneamiento mejorado (la conexión de una red de alcantarillado que va desde un pozo séptico hasta letrinas de diversos tipos).

La región está «ávida de recursos» destinados a la infraestructura, comenta Tomás Serebrisky, analista del (BID). América Latina, según diversos organismos internacionales, consigna una media anual del 2,5% de su producto interior bruto (PIB) al desarrollo de infraestructuras, frente al 10% del PIB que invierten en este rubro, en promedio, los países del este de Asia, de acuerdo con la CAF.

Incluso en los países en donde se ha constituido una red eficiente de carreteras, líneas de electricidad, conexiones marítimas y aéreas, servicios básicos de sanidad y telecomunicaciones, el gasto destinado a los proyectos de infraestructura roza el 4% del PIB (Australia, Canadá, Croacia, Nueva Zelanda, según datos del BID).

UNA ETAPA MÁS DINÁMICA

En la última década, la inversión extranjera directa que recibió América Latina se multiplicó por cuatro, rozando así los 190.000 millones de dólares (en 2013, el mejor de sus años). A pesar de ello, tan solo un 10% del maná de recursos que recibió la zona fue destinado a los proyectos de infraestructura.

Para dinamizar la participación es necesario fortalecer la capacidad regulatoria e institucional de los Gobiernos de la región, así como crear una cartera de proyectos en donde haya participación del sector público y privado, destaca Serebrisky. Un estudio del McKinsey Global Institute explica que las mejoras en la planificación de las obras, su elaboración e implementación en tiempo y forma son determinantes para atraer mucho más recursos a la región.

Para Cañedo, de la CIFI, el acceso diversificado a las fuentes de financiamiento es parte fundamental en esta ecuación. Actualmente, los bancos comerciales acaparan más del 50% de la financiación privada para los proyectos de infraestructura en la zona. El resto de los acreedores está integrado por empresas constructoras, de ingeniería o promotores, bancos multilaterales de desarrollo y fondos de inversión, entre otros.

Las aseguradoras, fondos de pensión e inversión controlan un mínima parte (un poco más del 1,1%) del financiamiento dedicado a los proyectos de en la región. Sin embargo, su potencial de participación es inmenso y deberán de convertirse en parte fundamental en los proyectos futuros, dice Serebrisky. Los recursos de estos inversores institucionales suman alrededor del 20% del PIB del subcontinente, según el BID. Un aumento (de hasta un 7%) proveniente de esta fuente de recursos ayudaría a reducir la brecha regional en infraestructura, concluye el analista del BID.

5% del PIB, mínimo

Para cerrar esta brecha, dice Serebrisky, es necesario que Latinoamérica destine un 5% de su PIB, de manera anual y prolongada a proyectos de infraestructura. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se atreve a ir un poco más allá: el gasto que deben realizar los diversos países de la región tendría que llegar el 6,2% de su PIB, unos 320.000 millones de dólares. En medio de este mar de cifras surge una nueva incógnita: ¿quién podrá afrontar el desembolso de dichos recursos?

«Difícilmente los Gobiernos de la región podrán soportar un gasto mayor… no tengo inconveniente en que sean los grandes inversores, pero no tienen los recursos y mucho menos en un escenario de desaceleración económica como el que vive la región», asegura Serebrisky. La clave, agrega, está en la otra cara de la moneda: el sector privado, que tan solo aporta un tercio a las inversiones totales que se hacen en el sector, el resto es financiado por el sector público.

América Latina está de moda para los inversores privados. Al menos, para aquellos que apuestan al desarrollo de infraestructuras. Un análisis del BID indica que entre 1990 y 2013, la inversión privada en este rubro alcanzó los 680.000 millones de dólares, alrededor de un 30% más que en las naciones asiáticas de alto crecimiento (503.000 millones) y cinco veces más que en África subsahariana (130.000 millones).

En los primeros seis meses de 2015, según las estadísticas del Banco Mundial, las principales economías de la zona (Brasil, Colombia, México y Chile) fagocitaron más del 40% de las inversiones privadas mundiales en infraestructura. El subcontinente es un centro de atracción de recursos debido al potencial de desarrollo que tiene por delante, dice César Cañedo, consejero delegado de la Corporación Interamericana para el Financiamiento (CIFI), una firma especialista en otorgar préstamos a pequeños y medianos proyectos de infraestructura en la zona. El primer impulso de los privados en el área se dio de manera importante en los años 80, pero no fue hasta los 90 cuando el sector se sintió con mayor fuerza, aunque nunca llegó a superar la participación pública, explica un estudio de la Cepal.

Entre 1996 y 2001, la inversión privada en Latinoamérica en infraestructura pasó del 0,6% al 1,4% del PIB. Por su parte, la inversión pública dedicada a este mismo sector cayó de manera drástica (pasó del 3%, registrado en la década de los 80, a menos del 1%), principalmente por la adopción de medidas macroeconómicas que tenían como objetivo reducir el gasto del Estado, según reza el análisis del BID. «Los responsables de crear las formulas políticas creían que abrir los servicios de infraestructura a la propiedad privada compensaría la bajada del gasto gubernamental, algo que no sucedió», añade el BID.

Fue a partir del 2005 cuando la inversión pública de la región recuperó el brío, pero desde entonces no ha logrado alcanzar los niveles de los 80. «En América Latina está casi todo por hacer… Ese es el gran atractivo», argumenta Norman Anderson, presidente de la consultora CG-LA Global Infrastructure. La infraestructura que requiere la región está relacionada el desarrollo de vías de comunicación que permitan un mayor dinamismo en los intercambios comerciales, explica Anderson. Pero también, agrega, se necesitan aquellos proyectos que proporcionen los servicios básicos a las personas de escasos recursos (agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones).

Para Anderson, la inversión privada es fundamental. Sin embargo, considera primordial un mayor compromiso del sector público. «Los Gobiernos deben de ser los principales impulsores… Cuando se ve a la infraestructura como un bien privado, los réditos financieros son los que impulsan la selección de un proyecto, mientras que las necesidades de la población quedan rezagadas», concluye.

Fuente: Wall Street Journal (http://economia.elpais.com/economia/2016/04/28/actualidad/1461853978_966537.html)