Accidentología en Mendoza

(f) El Estado gasta $ 2.500 diarios por cada accidentado

Según un informe elaborado por la ONG Voluntarios en Red Mendoza, el Estado provincial gastó en la primera mitad de 2013 cerca de $ 121 millones en atención a personas lesionadas en accidentes de tránsito.

El estudio fija que se trata de pacientes que llegaron a hospitales públicos luego de los siniestros, por lo que los gastos de atención corrieron por cuenta del sistema de salud pública. Además, estima que por cada accidentado, la Provincia gasta al menos $ 2.500 pesos.

“Acá hay dos temas que preocupan y en los que hay que actuar. El primero tiene que ver con que el Gobierno no cobra a las compañías de seguro el dinero que cada accidentado, cliente de las empresas, cuesta a los hospitales, para poder recuperar esos fondos. El segundo es que Mendoza no adhiere a la Ley Nacional de Tránsito, que establece que se deben dar clases de seguridad vial de forma obligatoria en los colegios”, indicó Hugo Fiorens, presidente de Voluntarios en Red, que desde hace tiempo solicita que Mendoza declare la emergencia en seguridad vial.

Por su parte, algunas de las aseguradoras consultadas destacaron que muchas veces las empresas no pagan porque jamás el Gobierno presenta el reclamo correspondiente para recuperar el dinero, mientras que en otros casos hacen la presentación con un año y medio de retraso y esos fondos se destinan a otras áreas y no a los hospitales públicos, donde se atendió al accidentado. “Otro problema grande que tiene el Estado es con aquellas personas que protagonizan un accidente y no tienen seguro. Es un costo altísimo y más de 50% de los vehículos que circulan en Mendoza no tienen seguro al día”, explicó Miguel Setien, de Triunfo Seguros.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, destacaron que las estadísticas de la ONG no son oficiales, pero no dieron a conocer cifras propias (se explicó que las está procesando la Comisión de Estudios y Evaluación de Estadísticas de Accidentes de Tránsito -CEAT-).

De acuerdo a Voluntarios en Red, la estimación del gasto se hizo teniendo en cuenta que -estadísticamente hablando-, por cada persona que muere en un accidente de tránsito hay unas 30 que resultan lesionadas. “En el primer semestre del año fallecieron 122 personas. Si se multiplica 122 por 30 da un total de 3.660 heridos”, se desprende del estudio.

Otro apartado destaca el grado de la lesión de las víctimas. La mitad de los heridos son de mediana gravedad y su atención abarca el uso de ambulancia, atención de médicos y enfermeros, además del traslado al hospital. “Requieren internación, estudios complementarios, cirugías, radiografías y análisis. El promedio de estadía de internación es de siete días”, se detalla.

Los heridos leves con retiro a domicilio representan 30%, mientras que los de gravedad (que incluyen atención primaria, internación en terapia intensiva, estudios de alta complejidad, cirugías y un promedio de internación de 20 días) son el 20% restante.

En lo que se refiere al gasto propiamente dicho, el informe detalla que la estimación total en el primer semestre del año es de $ 120.780.000. Esto, teniendo en cuenta que la atención básica por persona es de $ 2.500 pesos por día (total de $ 9.150.000 si se multiplica por los 3.660 heridos en los primeros seis meses), mientras que la de los heridos de mediana gravedad alcanzó los $ 38.430.000 (son 1.830 personas que en siete días de internación en sala común, con prestaciones de mediana complejidad, gastaron $ 21 mil cada una).

En tanto, para cada uno de los heridos de gravedad (732 según el cálculo) se invirtió cerca de $ 100.000. El tiempo de internación promedio es de 20 días, con prestaciones de alta complejidad y en total representan un gasto de $ 73.200.000. “Esto significa que por accidentado se han gastado $ 33 mil”, completó Fiorens.

Las compañías de seguro intervienen como terceros ante un eventual accidente. Esto significa que el primer responsable, y que debe hacerse cargo económicamente, es quien ocasionó el siniestro. Si esta persona tiene el seguro contratado y al día, recurre a la compañía como garantía para hacer frente.

“Los hospitales públicos mendocinos no le cobran a las compañías de seguro y es por eso que no pagan. En San Juan y San Luis, por ejemplo, sí se está pagando. Si a eso se le suma que prácticamente 100% de la atención primaria a heridos en accidentes de tránsito se da en los hospitales públicos, el costo es muy alto. El principal problema es que no hay un protocolo a nivel provincial sobre cómo actuar en estos accidentes. Además Mendoza no cumple la Ley nacional, que establece que haya clases de educación vial en las escuelas. Dicen que no hay presupuesto para esto, pero lo raro es que en atención médica y recuperación se gasta cinco veces más de lo que se gastaría en educación y prevención”, insistió Fiorens.

Para el presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Cuyo (APAS), Edgardo Juchniuk, “se hace muy difícil el recupero a las aseguradoras. Muchas veces el Gobierno no logra determinar si el responsable del accidente tiene seguro, en qué empresa y si tiene la póliza al día. El Estado hace el reclamo del dinero cuando tiene esos datos.

A nivel nacional la Superintendencia de Seguros de la Nación está trabajando en un sistema de póliza digital, que va a permitir que todas las aseguradoras agreguen a una base de datos única la información de sus clientes y con sólo escribir la patente del auto se va a poder saber si tiene seguro y de qué empresa. Pero ésta es sólo una de las herramientas. Las empresas pagan cuando el Gobierno les exige la plata de los gastos médicos. Si no se paga, es porque el Gobierno no lo cobra”, sintetizó Juchniuk.

La solución integral, según el especialista, radica en la necesidad de que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de Tránsito. “Esto va a permitir muchas cosas. Primero, que quede una sola policía vial, así como también una sola caja recaudadora, y no que cada municipio tenga la suya. Está la concepción de muchos gobiernos de ver a las multas sólo como una forma de recaudar más y no es más que lucrar con una tragedia. Además, determina un único órgano de emisión de carnets de conducir (por puntos), un seguro de responsabilidad civil obligatorio y específico y una revisación técnica obligatoria para vehículos de más de tres años”, destacó el titular de APAS.

Del mismo modo indicó que cada gobierno necesita a una persona o un área que se dedique específicamente a cobrar a las personas (o, en caso de tener garantía, a las aseguradoras) y no que esa tarea la haga un administrativo.

“Hay que tomar la decisión política de hacer algo que trascienda una gestión y eso es adherir a la Ley nacional. Esto implicaría además que la seguridad vial se dicte en las escuelas como materias obligatorias y que Mendoza adhiera también a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que coordina en todo el país acciones para la educación y prevención de accidentes. A nivel nacional las compañías de seguro aportan mucha plata a la agencia para prevención y educación”, sentenció.

Leonardo Pizarro, de La Caja, destacó que “el Gobierno hace las presentaciones, pero lo hacen después de un tiempo considerable. El reclamo prescribe a los dos años y lo presentan recién al año y medio. Otro tema que está fallando es aceitar el mecanismo para que el dinero que se recupera vuelva a la parte de accidentología y a los hospitales públicos que hicieron el gasto”, cerró el asegurador. (Los Andes)

(fuente: Newsletter de Tiempo de Seguros – Edición Nro. 264 – 30/8/13)