Medidas para la baja de la litigiosidad

OndaSeguro dialogó con Mara Bettiol, presidente y gerente general de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

¿Qué se sabe del proyecto de modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo? 

Hay un texto de norma, que todavía no está definido si será decreto o proyecto de ley, que considera diferentes aspectos. Por lo que sabemos, cada una de las cámaras empresarias, los sindicatos y demás están analizándolo, al igual que nosotros. Creemos muy importante como contenido todo aquello que tiene que ver con la regulación del procedimiento para determinar incapacidades, uno de los temas que venimos señalando como necesario reformular en atención al fallo Castillo. Después tiene una serie de otros aspectos que cada uno de los actores o diferentes personas que estuvieron trabajando en el primer borrador fueron incorporando. Consideramos que un proyecto que reformule la cuestión del procedimiento, adicionalmente con fallos de la Corte que ayuden a unificar los criterios, podría ser bueno.

¿Qué rol juega el baremo en ese proyecto? 

Un rol importante porque es el procedimiento para determinar incapacidades.

Este es un pedido que ustedes hicieron siempre.

Siempre. Si bien está en el cuerpo de la ley hoy vigente, la mayoría de las provincias no lo aplica y los peritos tampoco. Entonces, como parte del procedimiento se encuentra la determinación de incapacidades, un procedimiento administrativo previo en las Comisiones Médicas con calidad de cosa juzgada, y después la otra instancia de apelación ante la autoridad laboral competente. Es importante porque acá también se estipula que los peritos cobran en función del trabajo realizado y no un porcentaje del valor que determinan. Eso está contemplado en el proyecto y para que sea aplicable es necesario que cada una de todas las provincias adhiera a esta ley. ¿Qué hace falta para que eso aprobado entre en vigencia? Que cada provincia lo apruebe y que después funcionen las Comisiones Médicas conforme lo que está previsto en el decreto. Son dos temas críticos muy importantes. En ese sentido se está trabajando y hay un amplio acuerdo de todos los sectores en que este es el tema crítico. Nosotros, si tuviéramos que elegir una estrategia, elegiríamos centrar el foco en este aspecto, que es el de procedimiento, un tema que quedo pendiente de 2004 para acá. Hoy es el tema que más incidencia puede tener en la evolución de la litigiosidad, por eso la relevancia. Eso no quita que después para adelante, una vez que uno vea los resultados de cómo funciona, pueda tratar otros aspectos.

¿Cuál es la posición de la UART respecto de la iniciativa oficial? 

Destacamos como siempre, desde el momento cero que empezamos a tener un contacto con las distintas autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Trabajo, una fuerte vocación en darle una solución adecuada a este tema. Comenzaron a trabajar desde el inicio de su gestión y, como resultado de la coincidencia en lo que es el diagnóstico y por dónde pasa la solución, salió este primer borrador, frente al que uno tiene obviamente comentarios y cosas para aportar. Me parece que lo sustantivo y lo acordable por todos los sectores pasa por esta cuestión del procedimiento.

¿Si sumamos los últimos fallos de la Corte con este borrador que está circulando, en el supuesto de que se apruebe, esto traerá como resultado una baja de la litigiosidad? 

Hace falta también, por parte del Poder Judicial, seguir avalando la autorización del baremo y distintos aspectos que están pendientes, pero vamos por el camino correcto. El fallo que salió en junio por parte de la Corte ayuda bastante a ordenar cómo se aplica el RIPTE, la aplicación no retroactiva y demás. Pensamos que este conjunto de medidas debería ir a favor de bajar la litigiosidad.

¿Cuál es la situación actual en materia de litigiosidad? 

El último dato que nosotros tenemos es del mes de agosto, donde vemos un fuerte incremento entre agosto de 2015 y agosto de 2016 equivalente a un 22%. O sea, ingresó un 22% adicional de nuevos juicios respecto al mismo mes del año pasado. Respecto a las causas, la inercia en algunos casos y en otros la aceleración de casos producto de que se habla de que habrá un nuevo procedimiento más administrativo. En otros casos, hay una puesta al día de algunas notificaciones, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, notificaciones de casos que ingresaron pero no habían sido notificados a las compañías. Seguramente sea un poco de cada uno de estos factores. El número obviamente preocupa y por eso nuestra insistencia en que es necesario regular el procedimiento, atacar lo que es el crecimiento del flujo de casos, que no se corresponde en nada con el funcionamiento del sistema.

La modificación de reservas que dispuso la Superintendencia para las aseguradoras de riesgos del trabajo, ¿cómo impacta en el mercado? 

Tiene un fuerte impacto porque implicó una duplicación del mínimo del pasivo global respecto de lo que era en septiembre, es decir, a menos de un año de haberse dictado el anterior. Hoy, si uno tiene que hablar de cuál es el costo de un juicio, no se sabe. Sé que trascendieron muchas cifras. Cualquiera de ellas es tan defendible como cuestionable porque depende de los supuestos que uno haga. Consideramos que en la medida que desde el Poder Judicial se vayan ajustando a los distintos criterios que eran los originales de la ley, esto debería tender a bajar. Hoy me parece que es difícil hablar de una cifra de cuánto cuesta un juicio. El impacto es en resultados. Siniestros devengados sobre primas: 102%. Un valor más que considerable, una pérdida técnica muy importante, pero hay un mecanismo que permite que ese impacto pueda ser diferido en nueve trimestres, con lo cual se puede seguir trabajando sin mayor problema.

¿Ningún operador quedará afuera por esta norma?

Al menos por ahora no.

¿Cuáles son las perspectivas que presenta el mercado de riesgos del trabajo en Argentina?

Si empieza a funcionar este mecanismo que decimos del nuevo procedimiento, las provincias son ágiles en aprobarlo en sus Legislaturas, las Comisiones Médicas funcionan de una manera más inmediata y eficiente, nosotros también poniendo nuestro esfuerzo, y si la Corte termina de definir los aspectos que están pendientes, uno puede hablar de que empieza a acotarse la litigiosidad, bajar el flujo, y ahí uno puede estar pensando en qué se puede hacer los próximos años. Hay mucho trabajo todavía por hacer en materia de prevención, en servicios. Son las cosas en las que nos gustaría volver a centrarnos. Es lo principal, por lo que nació el sistema: dar certidumbre a trabajadores y empleadores en riesgos del trabajo.

(fuente: http://www.ondaseguro.com.ar/Edicion357/?mkt_hm=0&utm_source=email_marketing&utm_admin=82766&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter)