El Instituto para Empresas y Derechos Humanos presenta su ranking anual de los 10 desafíos en DD.HH esperados para 2017. Anticipa un año difícil debido al “riesgo de erosión de un sistema internacional que respalda la protección de los derechos humanos y el estado de derecho”.
El Instituto para Empresas y Derechos Humanos (Institute for Human Rights and Business) presenta los desafíos de los derechos humanos esperados para 2017 que reflejan un cambio radical en los factores sociales, políticos y económicos a nivel global
El Instituto propone que el tema de la “desigualdad extrema” será uno de los mayores desafíos para los Derechos Humanos ya que es “tanto una causa como un resultado de violaciones de los derechos humanos”. Destaca el vínculo entre las prácticas comerciales y el aumento de la desigualdad sobretodo en la evasión de impuestos y en la priorización de los intereses de los accionistas, lo que distorsiona la distribución del ingreso y la riqueza. El Instituto insta las empresas y gobierno a lograr que el crecimiento sea más inclusivo, que los negocios sean más responsables y que la distribución de los recursos sea más equitativa.
“En el próximo año se prestará más atención a la forma en que las empresas pueden colaborar con los gobiernos y otros agentes para desempeñar un papel más activo en la lucha contra la desigualdad y en la promoción del respeto de los derechos fundamentales. El apoyo empresarial para un salario digno es un paso importante, al igual que las estrategias que emplean a los miembros de la comunidad local, mejoran la capacitación en educación y habilidades empresariales, incluyendo iniciativas dedicadas a empoderar a las mujeres y expandir las oportunidades de aprendizaje”.
El gig economy (lo que podría traducirse por “economía de los pequeños encargos” o “economía de los bolos”) define a la situación laboral en la que se contrata personas puntualmente para trabajos esporádicos. Esta tendencia plantea desafíos fundamentales a la naturaleza del trabajo según el Instituto. Este tipo de trabajo ha otorgado flexibilidad a los trabajadores, pero también los ha hecho más vulnerables ante violaciones laborales. Con demasiada frecuencia, estos trabajadores no cuentan con la protección de los sindicatos y tampoco son considerados empleados por las empresas que utilizan sus servicios, lo que en algunos países significa que pueden tener menos probabilidades de acceder a beneficios importantes como el seguro médico.
En 2017, el Instituto prevé que las presiones competitivas y la demanda de los consumidores impulsarán a otras industrias a replicar este modelo, sacudiendo a muchos sectores que dependen de funciones intermedias. Insta a la intervención estatal ante evidencia clara de contratos que privan de poder a los trabajadores, erosionan los derechos laborales y limitan el derecho a la negociación colectiva. Cita el caso de Uber que está siendo obligada por el tribunal británico a inscribir a los choferes como sus empleados.
Este año el tema de los Refugiados fue el eje de la Asamblea General de Naciones Unidas. Por ello el Instituto prevé que se incrementarán los esfuerzos en 2017 para involucrar a las empresas en la protección de esta población. Insta a desarrollar nuevos niveles de coordinación nacional e internacional en los que múltiples actores compartan la responsabilidad de garantizar el trabajo decente, políticas del mercado de trabajo y capacitación para apoyar a los refugiados.
«Las empresas deberán establecer estrategias claras para el empleo de los refugiados. Esto debería centrarse en aprovechar al máximo el talento y la experiencia de los refugiados, aplicando el aprendizaje de los enfoques establecidos para la inclusión en torno al género, la etnia, la discapacidad, y participar activamente en las respuestas de política de refugiados».
Algunos países como la Argentina ya han presentado planes concretos para recibir a los refugiados por lo que el 2017 será momento de que las empresas se involucren.
El 2017 cambiará la forma en que se negocian nuevos acuerdos económicos, comerciales y de inversión entre naciones. Estos acuerdos se harán en un tiempo de creciente política nacionalista, populista y proteccionista, lo que significa que la retórica detrás de tales acuerdos comerciales está programada para cambiar dramáticamente. El Instituto advierte que este tipo de acuerdos pone en riesgo las protecciones para los trabajadores y las comunidades afectadas por los efectos de tales acuerdos comerciales. La agenda de derechos humanos no ha respondido adecuadamente a la erosión de los derechos sociales y económicos que han llevado a millones a sentirse desiguales y dejados atrás por las economías rápidamente cambiantes.
“El 2017 presenta un momento peligroso para el movimiento de derechos humanos. Todos los defensores de los derechos humanos deben repensar suposiciones acerca de cómo se comprometen y reorientan a las realidades actuales, incluso en el área del comercio”.
“Los líderes empresariales tienen un papel importante que desempeñar, incluso pidiendo que se establezcan condiciones de igualdad que sean verdaderamente globales y que se basen en el respeto de los derechos humanos, al igual que lo hacen para mantener los compromisos climáticos”.
Las cadenas de valor complejas son una característica fundamental de la economía mundial globalizada y tecnológica. En los países industrializados, existe una tendencia hacia la precarización de la mano de obra y los contratos de corto plazo o de «hora cero» se convierten en una práctica habitual para mantener los acuerdos de dotación de personal lo más flexibles posibles. Al mismo tiempo, la OIT estima que 21 millones de personas (la mitad son mujeres) están atrapadas en trabajos forzados, de los cuales el 90% están en cadenas de suministro.
El empoderamiento de las mujeres debe seguir siendo una prioridad para los gobiernos y las empresas, para que los beneficios del crecimiento y la prosperidad se compartan equitativamente a lo largo de la cadena de valor. A nivel mundial, las mujeres tienden a estar menos integradas en las cadenas de valor que los hombres, por lo que son menos capaces de participar en ganancias económicas. La Declaración de Líderes del G7 de 2015 se comprometió a «promover mejores condiciones de trabajo mediante el aumento de la transparencia, la promoción de la identificación y prevención de riesgos y el fortalecimiento de los mecanismos de quejas».
El principio de «consentimiento libre, previo e informado» es un concepto procesal importante que ha existido durante mucho tiempo en relación con los derechos a la tierra y las culturas de los pueblos indígenas. El concepto, con el que el sector extractivo está familiarizado, se ha extendido desde entonces a otras comunidades que se enfrentan a presiones similares y se está centrando en sectores como los farmacéuticos, por ejemplo en el contexto de ensayos clínicos, y en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El 2017 será un año en el que las sociedades reflexionen más profundamente sobre lo que realmente significa «consentimiento». Las empresas de todas las industrias probablemente verán una creciente demanda de ser transparentes acerca de sus procesos de consentimiento y de cómo educar a los consumidores y clientes acerca de lo que de hecho aceptan en los términos y contratos.
En los próximos tres años, más del 70% de la Bid Data estarán en manos de empresas privadas, cada vez más gestionadas e intercambiadas entre máquinas, con poca intervención humana. Todas las empresas, no sólo a las del sector de las TIC, deberán comenzar a involucrar a la sociedad en una discusión sobre la utilidad de estos datos y su uso.
El Instituto prevé que en el 2017 será más importante discutir la responsabilidad de los medios de comunicación por los derechos humanos. La responsabilidad por el contenido deberá extenderse a las compañías basadas en Internet quienes a menudo afirman que sólo están distribuyendo material producido por otros y no asumen responsabilidad por el contenido real.
Se prevé una mayor presión de los grupos de defensa para influir en las decisiones de los medios a través de su publicidad. A medida que la política de todo el mundo se vuelve más polémica, es imprescindible que las compañías de medios consulten regularmente con expertos en derechos humanos y defensores de la libertad de expresión para que actúen de manera respetuosa con los estándares internacionales.
El sector de la construcción es un importante empleador que representa aproximadamente el 7% de la fuerza de trabajo mundial. Los trabajadores migrantes son una característica típica de esta industria a nivel mundial. El modelo de negocio se caracteriza por la subcontratación en todos los niveles y, a menudo, las modalidades de trabajo informal para aquellos que se encuentran en los niveles más bajos donde el trabajo es duro y el salario es bajo.
Las empresas progresistas del sector están comenzando a colaborar en una serie de iniciativas prometedoras, que pueden ayudar a formalizar los niveles más bajos de la industria y prevenir la explotación. Esto se debe en parte al aumento del escrutinio de la sociedad civil y la legislación en algunos países, como la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido.
Estos desarrollos incluyen: una Norma de Trabajo Ético para la industria por parte del Building Research Establishment; Una nueva iniciativa basada en el programa de entrenamiento Stronger Together que está dirigido por el Chartered Institute of Building; Una asociación global de empresas de construcción e ingeniería, Building Responsibly, que se centrará en el bienestar de los trabajadores; Y las inspecciones conjuntas con los sindicatos en torno a la evolución de la infraestructura de la Copa Mundial en Qatar, un ejemplo positivo para otros países anfitriones.
En el año 2016 se continuaron los esfuerzos para fortalecer la responsabilidad legal de la participación de las empresas en los abusos contra los derechos humanos. El Instituto cita como ejemplos el Informe de junio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que incluye orientación a los estados para fortalecer los sistemas legales internos para casos de abuso de derechos humanos relacionados con las empresas.
Además, el grupo de trabajo intergubernamental estuvo encargado de elaborar un proyecto de instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas y los derechos humanos. En 2017, el grupo de trabajo comenzará a presentar sus propuestas sobre lo que debería abordar un nuevo instrumento internacional.
La necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante se siente particularmente fuerte porque los mecanismos actuales a nivel nacional no han aportado con demasiada frecuencia recursos a aquellos cuyos derechos se han visto perjudicados. Paralelamente, algunos expertos están explorando un mecanismo de arbitraje internacional que podría ofrecer un foro donde las controversias puedan ser escuchadas y resueltas entre las partes que acepten el arbitraje. En Francia, se aprobó una ley para exigir a las empresas que establezcan un «deber de vigilancia» de las empresas matrices hacia sus filiales, lo que codifica lo que podría significar la debida diligencia.
El año venidero verá una creciente atención a la responsabilidad corporativa en todos los niveles ya través de una variedad de mecanismos.
La constante e implacable presión sobre los márgenes de beneficio está obligando a muchas empresas a buscar nuevas formas de reducir costos. Desde las terminales de facturación de las líneas aéreas hasta las sofisticadas maquinarias de fabricación y la robótica en la minería, las empresas automatizan cada vez más sus procesos para reemplazar a los trabajadores. Las máquinas no toman descansos para el almuerzo, licencia por enfermedad o van de vacaciones, no forman sindicatos, y trabajan largas horas.
Una consecuencia de la automatización es el aumento del desempleo en las economías industrializadas. Las pérdidas de puestos de trabajo se extenderán de las economías en desarrollo como la India a las potencias emergentes como China también.
Las decisiones individuales de las empresas no pueden abordar la magnitud de la situación creada por el avance tecnológico. Las soluciones colectivas son necesarias para asegurar que a medida que se produce la «gran transformación» no deja atrás a un gran número de personas.
Fuente: Institute for Human Rights and Business.