La nueva gestión del Banco Nación (BNA) endureció sus normas internas para prevenir el lavado de activos por parte de las cooperativas y mutuales de crédito, después de que la entidad se vio envuelta en una serie de hechos de presunta corrupción, como fueron los casos de las cooperativas de Milagro Sala y Propyme. Y para mostrar un compromiso distinto ante estas prácticas que la gestión anterior y evitar que el directorio quede expuesto ante la Justicia.
La entidad realiza estos cambios cuando el Banco Central (BCRA) ya presiona a todos los bancos para que no sólo conozcan a su cliente, sino también al cliente de su cliente, lo que derivó en el cierre del 80% de las cuentas de las cooperativas y mutuales en los últimos ocho años.
Por resoluciones del directorio del BNA del 3 y 17 de marzo pasado, las cooperativas o mutuales ya no podrán cobrar por ventanilla cheques emitidos por sus titulares superiores a $50 mil, cuando estén emitidos al portador ni endosados a favor del titular de la cuenta.
El BNA se excedió en sus controles antilavado al pedir constancia no sólo del origen de los fondos, sino también del destino de los fondos (los fondos para la cooperativa de Milagro Sala tenían un origen legítimo, pero no eran destinados en su totalidad a construir casas).
Así, los cheques inferiores a $ 50 mil podrán ser cobrados cuando estén emitidos a la orden de un beneficiario que acredite el destino de los fondos. O si están emitidos a la orden del titular.
Y los superiores a $ 50 mil presentados por el titular de la cuenta podrán ser abonados al beneficiario si acredita el destino de los fondos.
Para acreditar el destino de los fondos tienen que mostrarse los datos de la cuenta de destino y la vinculación con la cooperativa, el uso que se dará al dinero, copia de la factura o contrato que corresponda al pago, certificado de pertenencia del beneficiario a la cooperativa.
También se hizo hincapié en los controles en las sucursales: que el oficial a cargo de la cuenta corriente y su superior realicen controles mensuales (los datos de los clientes), semanales (los retiros superiores a $ 500 mil mensuales) y diarios (los de $ 180 mil mensuales).
Además, las cooperativas para ser titulares de una o más cuentas corrientes tienen que mostrar, entre otros datos, su número de matrícula en el INAES y la condición de «entidad activa» en el sitio web de ese regulador.
Las clientes del BNA tienen 60 días para acomodarse a las nuevas normas, término en que se probará la voluntad política para cumplirlas. Hasta ahora la nueva gestión venía cerrando cuentas que tenían reportes de operaciones sospechosas que eran tolerados por la anterior.
El endurecimiento del BNA se produce en medio de una presión que el BCRA ejerce sobre los bancos para que controlen a las cooperativas cada vez con mayor intensidad. A lo básico, la entidad agrega que se pida el flujo de fondos histórico al momento del cobro del cheque. Y el listado de asociados a la cooperativa: el banco tiene que conocer a quién la mutual descuenta cheques, monitorear los movimientos y controlar a los asociados que más fondos movieron.
Por eso el sistema espera que la UIF dicte normas antilavado más objetivas.
En la práctica, los bancos están molestos con la cantidad de controles y expulsan a las cooperativas y mutuales de crédito. También ellas tienen el beneficio de no pagar el impuesto al cheque, lo que es aprovechado para descontar valores a empresas fuera de su objeto, y sufren el cierre de su cuenta.
Se entiende que hay un exceso de celo en los controles del BCRA y una omisión en el control por parte del INAES (que podría iniciar sumarios de oficio).
por VERÓNICA DALTO