Santa Fe y Mendoza registran las demandas judiciales más altas según un informe de la UART

Según el informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) de marzo de 2016, en Mendoza se presentan 246 demandas judiciales por cada 10.000 trabajadores en actividad cubiertos por el Sistema de Riesgos del Trabajo. Este índice de casos supera ampliamente los presentados en Capital Federal (167) y Buenos Aires (96).Esta alta tasa de judicialidad que se da en la provincia, sólo es superada por Santa Fe, que lidera el ranking con 279 casos (siempre cada 10.000 trabajadores cubiertos), informa ‘Uno’.

Ante esta situación, la UART (cámara que nuclea a todas las ART), convoca a empleadores, trabajadores, representantes gremiales y empresariales, prestadores, profesionales y técnicos, así como a los integrantes de los Poderes del Estado y a la comunidad a promover y a realizar un uso responsable del Sistema, en definitiva «cuidar a quien nos cuida». La evolución de los juicios ingresados ha ido en aumento, alcanzando al pico de 8.840 casos en 2015, casi un 27% más que el año anterior (6.958). En lo que refiere a este año, la tendencia alcista continuaría y sumaría unas 483 nuevas demandas.

La litigiosidad observada en Mendoza, lejos de ser un caso aislado, es una muestra de lo que ocurre a nivel nacional: mientras que en 2014 se iniciaron 88.567 juicios a nivel nacional, el pasado año la cifra trepó a 106.021, 20% más. Y las proyecciones para 2016 no son buenas, dado que se calcula que serán casi 122.628 los juicios iniciados, provocando que el sistema posea mayores gastos operativos con recursos que bien podrían destinarse a prevención, capacitación y mayores prestaciones para el beneficio de la masa trabajadora nacional.

Desde la UART, se considera que la solución a este panorama conjuga tres estadios. Un paliativo es transmitir esta distorsión a cada actor partícipe del sistema para que esté informado sobre la delicada situación y colabore en generar el consenso social para su pronta corrección. Una condición necesaria es mantener el compromiso de las aseguradoras con la calidad de cobertura y la solvencia del sistema, para lo cual el financiamiento del mismo es clave. En cuanto a las soluciones de fondo, también sería una contribución importante disponer en el ámbito de la provincia de una regulación del quehacer pericial (tales como la creación de un cuerpo médico forense especializado en el ámbito provincial, con remuneración fija para los peritos no vinculada al resultado del litigio ni a su monto) como así también la utilización obligatoria del Baremo y el Listado de Enfermedades de conformidad con lo estipulado en el art. 9º de la Ley 26.773.

(fuente: BDSAL – 27/4/16)