La economía inclusiva, tras un marco legal

Las empresas de triple impacto -económico, social y ambiental- se proponen tener una identidad que esté reconocida por ley; llegan al Congreso propuestas de la sociedad civil para impulsar esa manera de hacer negocios

Ser una empresa que produce yerba mate, bienestar para familias de comunidades aborígenes y un entorno que preserva la vegetación nativa del bosque. Crear una firma que diseñe, a la vez que juguetes infantiles, un esquema de inclusión laboral para jóvenes sin capacitación previa y un circuito para dar uso a materiales reciclados, provenientes de objetos que pudieron ser, pero que finalmente no fueron basura. Poner en marcha un emprendimiento para fabricar calzados y, al mismo tiempo, hacer algo útil con restos de neumáticos.

La llamada actividad del triple impacto -por sus efectos en lo económico, lo social y lo ambiental- es en el mundo una realidad en crecimiento. Y en la Argentina, sus actores se proponen por estos días que una ley reconozca su existencia, con la creación de una figura jurídica en la que puedan encuadrarse las empresas que se fijan un propósito societario «ampliado»: el de generar, desde el corazón mismo del negocio, beneficios sociales y ambientales a la par de los económicos.

Los objetivos mencionados en el primer párrafo, de hecho, son los de tres de las 42 empresas certificadas como B que hay en la Argentina: Guayakí (productora de yerba mate y derivados, que exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá), Ondulé (fabricante de juguetes en base a cartón reciclado) y Xinca (que produce calzados cuyas suelas están hechas con goma de neumáticos en desuso). La letra B que identifica a estas firmas proviene de la expresión Benefit Corporation, surgida en Estados Unidos, uno de los países -otro es Italia- donde rigen normativas específicas para estas empresas.

La necesidad de dar un marco jurídico a los actores de una economía sustentable es uno de los postulados que surgió en 2015 en la iniciativa #101 Soluciones, desarrollada por la organización social Ashoka, la Fundación Avina, Socialab, Sistema B (la ONG que agrupa y certifica a las empresas de triple impacto) y LA NACION, y que contó con el apoyo del Banco de Desarrollo de América latina y del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés. Se convocó, a mediados del año pasado, a proponer políticas de incentivo y quita de obstáculos para la expansión de una economía inclusiva; se reunieron 125 ideas, algunas de las cuales avanzan ahora con la posibilidad de convertirse en proyectos de ley.

La conformación de una banca ética o sustentable, la creación de un registro de residuos que podrían transformarse en insumos y la disposición de incentivos para la contratación laboral de personas que integran grupos vulnerables están entre los temas por ser considerados para generar políticas públicas.

En el caso del marco legal para empresas de triple impacto, un anteproyecto elaborado por la Comunidad Jurídica de Sistema B Argentina y presentado días atrás en una reunión con un grupo de diputados en el Congreso, se propone establecer la figura jurídica de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Según explica la abogada Soledad Noel, que integra el mencionado grupo de profesionales, esa identidad no daría ventajas impositivas ni obligaría a certificarse con el sello que existe -en más de 40 países- para las compañías de triple impacto.

El objetivo del encuadre legal específico -que fue también propuesto en una iniciativa presentada en 2014 por la diputada Cornelia Schmidt, de Pro- es dar respaldo jurídico al objetivo ampliado de la empresa y expandir, consecuentemente, las posibilidades de actuar de quienes deciden cómo hacer los negocios. «Hoy, la función de quienes ejercen la gestión en la compañía es maximizar la responsabilidad ante el accionista; con este proyecto las empresas podrían tomar decisiones tras poner varias cuestiones en la balanza y no sólo la evaluación de la rentabilidad», describe Noel.

Según los fundamentos del proyecto, no regular las cuestiones vinculadas a las sociedades BIC «afectaría la seguridad jurídica». Esa afirmación se sustenta en que, en base a la ley de sociedades, «la generalidad de la doctrina y la jurisprudencia ha asimilado el concepto de interés social al de la maximización de utilidades, siendo el deber principal de los administradores procurar «ese» interés». La propuesta contempla la exigencia de elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de los propósitos sociales y ambientales autoimpuestos, que sea público y que esté auditado por un profesional matriculado.

Según el proyecto, una sociedad BIC tendría un segundo «ropaje», porque no dejaría de lado su condición de sociedad anónima o de la forma jurídica que tenga. Sí perdería su identidad de BIC si no cumple con sus propósitos, que siempre implican una especial manera de vincularse con sus empleados, los grupos con los que se relaciona al hacer negocios, el medio ambiente y los efectos de largo plazo de su actividad.

Crear una figura jurídica para empresas sociales «es uno de los primeros temas a abordar para dar impulso a una economía sustentable y más humana», dice Daniela Kreimer, líder de Economías Integradas de Ashoka para Argentina, Paraguay y Uruguay, organización que promueve el surgimiento de emprendedores sustentables. La legislación «dará vida a un gran número de oportunidades», se entusiasma, a la vez que considera que la generación de un registro único de empresas de triple impacto, la conformación de fondos de inversión para el sector y la reducción de cargas impositivas o las exenciones son algunos de los instrumentos que ayudarían. «Otro paso importante es la concientización de cada ciudadano sobre el poder que tienen las decisiones de compra», afirma.

Establecer o no incentivos impositivos podría ser un debate para el futuro. Pedro Tarak, cofundador de Sistema B e integrante del directorio de Guayakí, dice que «la identidad de mercado» que implica ser B no tiene que ver hoy con ese tipo de beneficios. «De lo que se trata es de ver cómo nos organizamos para resolver al mismo tiempo los problemas económicos, sociales y ambientales; todo desde un concepto de integralidad», define.

Para Juan Cruz Zorzoli, director ejecutivo de la empresa social Amartya -dedicada a educar en temas de sustentabilidad-, a la par de incentivos para las empresas que generen impacto social deberían establecerse «marcos jurídicos que desalienten parte de la cultura de producción actual y que permitan cambiar el modelo del siglo XIX para adaptarse a lo nuevo». En #101 Soluciones, una de las propuestas de Zorzoli se refirió a incentivar la economía circular basada en un esquema de producción diseñado de tal forma que el concepto de basura tienda a minimizarse, a partir del creciente reciclaje de materiales.

La idea de «lo circular» tiene que ver con un movimiento más amplio de alcance global, que plantea que hacia el futuro sólo podrá haber desarrollo si hay una producción económica con respeto por el ambiente y las personas. Según esa visión -que es promovida por la Agenda 2030 que fijó Naciones Unidas para el desarrollo sustentable-, dar impulso a una manera de producir que no sea indiferente a los efectos colaterales no es opcional, sino algo imperativo, sobre todo cuando según informes de organismos como la Cepal se advierte que el crecimiento económico se dio muchas veces al costo de un deterioro de los recursos naturales y de un mayor calentamiento global. Más allá de las consecuencias en la calidad de vida, esos costos para el planeta se vuelven finalmente en contra de los propios negocios.

«La economía sustentable es la que es consciente de que debe atender las necesidades de producción y consumo de toda la sociedad, priorizando y protegiendo el acceso universal a los bienes públicos, comunes y útiles, y considerando que el modo de producir no puede impactar negativamente en la sostenibilidad del planeta», define Pablo Vagliente, de la Fundación Avina, quien destaca que algunas propuestas de #101 Soluciones despertaron interés en el Congreso y que se espera impulsar otras «en diálogo con funcionarios nacionales».

Posibles leyes

Desde su despacho al que equipó con muebles diseñados por emprendedores y hechos con materiales reciclados, el diputado Marcelo Wechsler (que tuvo durante años actuación en el tercer sector desde la Fundación Argentina Ciudadana) cuenta que se propone ser un vehículo para presentar iniciativas en el Congreso que tiendan a generar un ecosistema adecuado para emprendimientos sociales. Hoy tiene en estudio varias propuestas de #101 Soluciones, como las referidas a la creación de una banca ética, al desarrollo de las microfinanzas y al armado de un registro de residuos. «Queremos instalar la lógica de la ciudadanía participando en la elaboración de las leyes», dice.

«Parte del objetivo es el desarrollo regional: que la gente no deje su lugar, que haya empleo en diferentes partes del país y que entonces se genere permanencia desde una agenda de inclusión», agrega Wechsler.

Un tema de debate es cómo dar impulso al financiamiento de actividades inclusivas. Julián Costábile, director de Sustentabilidad de la firma SMS y con experiencia en prácticas de finanzas para proyectos de impacto, advierte que, al generarse incentivos fiscales o facilitarse el acceso al crédito, a la capacitación y a los mercados, el desafío es que la normativa, sin quedarse en conceptos abstractos, defina bien cómo identificar a quienes accederían a esos estímulos.

Kreimer hace referencia también a otro objetivo ambicioso para ayudar a direccionar correctamente las políticas y a ampliar el espacio de la economía sustentable: el de contar con un sistema de mediciones que permita conocer el ahorro que los proyectos inclusivos le generan al Estado en el mediano y largo plazo.

Silvia Stang

(fuente: http://www.lanacion.com.ar/1879091-la-economia-inclusiva-tras-un-marco-legal)

Lectura sugerida por Presidencia del CA – Muchas gracias María Belén Gomez por aportarla.