Una injusta situación que debe ser corregida sin más excusas

El crédito solidario se encuentra en extinción. Frente al excesivo y creciente marco regulatorio que han impuesto los diferentes organismos públicos en los últimos años sobre las organizaciones sin fines de lucro, este servicio quedó mayoritariamente en manos de sociedades comerciales, que gozan de menos restricciones.

¿Se acuerda del estruendoso anunció realizado?. El relanzamiento de las Cajas de Crédito fue sólo la pantalla de otra gran mentira que despertó el entusiasmo de unos pocos, que no lograron concretar su ambición en el Banco Central.

Más tarde, cerrando el año 2011, se vendrían severas limitaciones al costo financiero de los créditos otorgados por el sistema de descuento de haberes, la mayoría de ellos incluyendo la cuota social dentro del mismo. Dichos decretos continúan vigentes, a pesar de que el Banco Central desreguló las tasas de interés activas y pasivas del sistema financiero en lo que respecta a los créditos, las cuales se concertarán libremente entre las entidades y los clientes.

El remate final lo puso el propio Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social al obligar a los tomadores de crédito a tener una antigüedad mínima como asociado de 30 días. Una norma ilógica cuya única consecuencia fue derivar la demanda crediticia del público en general a los sectores financieros comerciales. ¿De dónde surgió esta idea?. Salió de la cabecita de don Griffin para conformar al entonces súper Ministro de Economía Axel Kicillof.

Y este es el aspecto que merece la mayor atención. Terminado el autismo de la gestión anterior, el organismo tiene ya sus nuevas autoridades quienes deben atender inmediatamente esta ilógica situación y proceder a derogar esta restricción sin mayores dilaciones. Sólo depende del Directorio del INAES y no del conjuro de varios Ministros, como ocurre con muchas otras normativas regulatorias.

Estamos hablando de la Resolución Nº 5450/14 que establece, entre otras cosas, que “el servicio de crédito en las Cooperativas, el de ayuda económica en las Mutuales y el de gestión de préstamos en ambas entidades, sólo pueden brindarse a los asociados una vez transcurridos treinta (30) días de su incorporación como tales”.

No debe existir otro servicio en toda la economía argentina con semejante restricción.“Hágase socio hoy y vuelva dentro de treinta días”. Decirle esta frase a cualquier persona que se acerca a una Mutual en la búsqueda de una ayuda económica y echarlo, da lo mismo.

Esta normativa fue producto de la ignorancia de quienes la dictaron y del profundo desconocimiento de lo que, día a día, debe atender una entidad. No saben lo que es administrar una organización, intentando satisfacer los requerimientos de la gente. A su vez, por muchos años, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social trabajó bajo el convencimiento de que sus fiscalizados eran “chorros, delincuentes y usureros”, precepto que debe ser modificado por los nuevos funcionarios.

Bajo un discurso progresista que enarboló las banderas de la economía social, se fue destruyendo el sistema de crédito solidario que se decía querer proteger. Los ganadores fueron siempre los mismos.
Conjuntamente con el futuro del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, la Resolución Nº 5450/14 forma parte de los temas que sólo depende de las señales políticas y de gestión que decida dar la nueva conducción del INAES.

No hay muchas excusas. Sólo queda calzarse los pantalones largos y derogar regulaciones que sólo aportaron un profundo daño al conjunto del sector.

(fuente: http://www.elmutualista.com/)