La clase media necesita un nuevo contrato social que la saque del subibaja económico

(f) Casi 50 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media en los últimos diez años, según un estudio del Banco Mundial. Pero las condiciones que ayudaron a que esos millones llegaran, no son suficientes para garantizar que permanezcan. Son numerosos los desafíos que enfrenta la región para sacar a la clase media del parque de atracciones y ponerla a resguardo, bajo la protección de un contrato social que tienda a la irreversibilidad.

Según el informe titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina” publicado por el Banco Mundial en 2013, la población comprendida en la clase media es del 30%, igualando por primera vez en la historia a quienes viven en situación de pobreza (el 30,5% de los latinoamericanos). El trabajo elaborado por un equipo dirigido por Francisco Ferreira, Julian Messina y Jamele Rigolini, destaca que “tras décadas de estancamiento, la población de clase media en América Latina y el Caribe ha aumentado en un 50% —de 103 millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009”.

En la segunda mitad del siglo pasado las clases medias latinoamericanas eran pequeñas, abarcando a menos del 20% de la población, pero el estudio comprobó que en la medida en que surgieron políticas públicas que enfatizaron programas sociales, junto a una mayor estabilidad macroeconómica de la zona (lo que permitió generar mayores ingresos y menor desigualdad entre los que más perciben y los que menos), se aceleró la inclusión de personas a esa clase. También otros factores que favorecieron la movilidad ascendente son: mayores niveles educativos entre trabajadores, mejoramiento del nivel de empleo formal, mayor cantidad de personas viviendo en áreas urbanas y mayor incorporación de mujeres al trabajo.

Si bien es cierto que en la última década pudieron sostenerse las condiciones que ayudaron a casi 50 millones de latinoamericanos a salir de la pobreza e instalarse en la clase media, al parecer estas políticas públicas no resultan suficientes para consolidarlos en ese segmento socioeconómico, que se caracteriza por abrir el abanico de acceso a oportunidades de progreso.

Hay 50 millones de personas que pululan en un parque de atracciones, que vienen de hamacarse entre la pobreza y la vulnerabilidad, que sufrieron la calesita de la economía sin llegar a atrapar la sortija y que sufrieron el subibaja de las políticas gubernamentales siempre desde la parte baja. Y ahora que por fin alcanzan la parte superior de ese subibaja y se preparan para dar el salto fuera del parque, se encuentran frente al tobogán que los puede devolver a la vulnerabilidad y la pobreza. La clase media necesita fortalecerse a través de un nuevo contrato social que garantice la irreversibilidad de los procesos que permiten ampliarla.

La clase media está en el parque de atracciones

Salir de la pobreza no implica necesariamente ingresar en la clase media. Por ello resulta importante poder definir qué es la clase media.

En el libro se plantean varios criterios para encuadrar a una persona como perteneciente a esta clase. “Por ejemplo, los sociólogos y los politólogos suelen definir la clase media en términos del nivel educativo (por ejemplo, un nivel de estudios superior a la secundaria), del empleo (normalmente no manual) o de la propiedad de activos (que a su vez incluye la propiedad de bienes básicos duraderos o de una vivienda). Los economistas, en cambio, tienden a centrarse en el nivel de ingresos (este trabajo definió como personas de clase media aquellas que generan un ingreso de entre 10 y 50 dólares por día y per cápita)”.

“El estudio adoptó –para la definición de clase media- una perspectiva basada en el concepto de seguridad económica (entendida como una baja probabilidad de volver a caer en la pobreza)”. Y se ahonda detallando que “el concepto de seguridad económica es fundamental en nuestro enfoque porque uno de los rasgos que conforman el estatus de clase media es un cierto grado de estabilidad económica y la capacidad de superar las perturbaciones”. Si situamos el umbral de pobreza moderada para la región en US$4 al día, como suele hacerlo el Banco Mundial, el 30,5% de la población vive en la pobreza (US$0–US$4 al día), el 37,5% vive entre la pobreza y la clase media (US$4–US$10 al día) y se los denomina vulnerables y el 30% se considera clase media (entre 10 y 50 dólares al día).

Es por ello que Hasan Tuluy, Vicepresidente para la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, sostiene en el prólogo del libro que “se calcula que al menos el 40% de los hogares de la región han ascendido de “clase socioeconómica” entre 1995 y 2010. La mayoría de los pobres que ascendieron no se integraron directamente a la clase media sino que pasaron a formar parte de del grupo vulnerables, que actualmente constituye la clase social más numerosa en toda la región”.

El trabajo se ocupa de la movilidad económica intrageneracional entre 1995 y 2010 para el conjunto de América Latina. “Los datos muestran la población total que empezó en la fila de “origen” de una clase socioeconómica en 1995 y terminó en la de “destino” en 2010. Del 45,7% de la población que era pobre en 1995, menos de la mitad (22,5%) todavía era pobre en 2010, mientras que el resto fundamentalmente ascendió para convertirse en vulnerable (21%) y una minoría (2,2%) saltó directamente a la clase media. De manera análoga, del 33,4% de la población que empezó como vulnerable en 1995, más de la mitad (18,2%) ascendió y pasó a pertenecer a la clase media”.

“Como se podría esperar, la mayoría de los movimientos de clase fueron progresivos: casi todos los que ascendieron se desplazaron ya sea de la pobreza a la vulnerabilidad o de la vulnerabilidad a la clase media; pocos dieron el salto directamente de la pobreza a la clase media durante estos 15 años”.

Otro resultado del análisis se centra en la movilidad según la independencia del origen, es decir la referida a la medida en que la familia y las condiciones socioeconómicas en las que nace una persona determinan sus ingresos futuros y su clase socioeconómica, donde una medida más alta de independencia del origen implica una mayor movilidad intergeneracional. Desde este enfoque, “la movilidad intergeneracional en la mayoría de países de la región, sigue siendo limitada: la educación y el nivel de ingresos de los padres todavía influyen en los logros de los hijos en una medida considerable, que parece ser mayor que en otras regiones”. En el estudio se indica que “en la mayoría de los países de América Latina era más probable que los hogares vivieran una movilidad ascendente si el cabeza de familia tenía más años de escolarización el año inicial”.

El informe sostiene que “La movilidad entre generaciones —en el sentido de que los resultados personales son independientes de los antecedentes familiares y del origen social— sigue siendo un objetivo esquivo. En términos intergeneracionales, América Latina no es una sociedad móvil, y las señales de que se está convirtiendo en una sociedad algo más móvil son vacilantes y, hasta ahora, se limitan a los niveles educativos. Este panorama coincide con lo que se sabe acerca del alto nivel de desigualdad de oportunidades que sigue caracterizando a la región”.

La clase media y el contrato social

Como se deduce de lo anterior, la movilidad social está estrechamente relacionada con el concepto de igualdad de acceso a oportunidades.

Para que ello suceda y la clase media pueda salir del parque de atracciones para consolidar su ascenso y no dependa del subibaja que lo lleve nuevamente al tobogán de la pobreza y la vulnerabilidad, las sociedades deben ser eficaces en desarrollar, producir, administrar, distribuir y controlar bienes públicos. Precisamente el estudio aborda el tema de lo público desde la siguiente pregunta “¿hay alguna probabilidad de que el crecimiento de la clase media de América Latina induzca a cambios en el contrato social fragmentado de la región?”

El estudio define que “en un sentido amplio, un ‘contrato social’ puede entenderse como la combinación de acuerdos implícitos y explícitos que determinan lo que cada grupo contribuye al Estado y lo que recibe de él.” Y luego analiza que “el contrato social de América Latina en la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por un Estado pequeño” casi sin posibilidades de “proporcionar servicios públicos de alta calidad en los sectores de la educación, la salud, las infraestructuras y la seguridad”. Esto provocó que el contrato social se basara en que los sectores pobres y vulnerables se resignaran a recibir servicios públicos de baja calidad y que los sectores ricos y la pequeña clase media renunciaran a ellos y escogieran alternativas ofrecidas por el sector privado, principalmente en materia de salud y educación y también en seguridad pública.

Pero el estudio vislumbra cambios: “sin embargo, éste no es un panorama estático. A lo largo de los últimos 10 a 20 años, y sobre todo después de los procesos de recuperación de la democracia en muchos países de América Latina, este equilibrio político ha comenzado a cambiar, aunque sólo progresivamente. La generalización de esquemas no contributivos de pensiones de jubilación y seguros de salud, así como el aumento de las transferencias condicionadas de efectivo ha posibilitado que las transferencias redistributivas del Estado ahora lleguen a los pobres en una medida que hace 20 años era desconocida en la mayor parte de la región. Al mismo tiempo, en la mayoría de países la ampliación de beneficios en efectivo a los pobres no se ha visto acompañada de un retorno de la clase media a los servicios públicos de salud y educación. Puede que el “estado de bienestar” en América Latina se haya vuelto menos ‘truncado’, pero su contrato social sigue fragmentado”.

“Es natural preguntarse si América Latina será capaz de continuar su reciente trayectoria de crecimiento con equidad (o al menos con una disminución de la desigualdad) sobre la base de ese contrato fragmentado, que genera inherentemente menos oportunidades para el grueso de la población” sobre todo porque en otras experiencias, “el progreso socioeconómico ha requerido a menudo una combinación de libertad económica y sólidos fundamentos de educación, salud e infraestructura públicas. Es casi seguro que la mayoría de países en América Latina y el Caribe requerirán reformas adicionales de sus contratos sociales para permitir a sus gobiernos proporcionar esos fundamentos y sostener el crecimiento”.

El informe destaca tres sectores donde las reformas pueden lograr el apoyo de la clase media para un contrato social más justo y más legítimo:

“Incorporar el objetivo de igualdad de oportunidades más explícitamente en las políticas públicas. Esto es importante para asegurar que las clases medias sientan que viven en una sociedad meritocrática. También es fundamental para ampliar el acceso de aquellos que siguen siendo pobres o vulnerables a buenos empleos y a fuentes estables de ingresos”. Para ello el informe pone de relieve “la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública, desde el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales durante la primera infancia hasta la creación de mejores institutos universitarios y universidades. A su vez, una mayor igualdad de oportunidades potenciaría la eficiencia económica, contribuyendo así a abordar el persistente problema del bajo crecimiento en América Latina y mejorando las condiciones para que el sector privado en la región genere mejores y más estables empleos para todas las clases”.

“Embarcarse en una segunda generación de reformas del sistema de protección social, abarcando la ayuda social y la seguridad social. La expansión de la ayuda social no se ha integrado adecuadamente en el conjunto del sistema de protección social. Cada vez más, se pide a las clases medias que paguen por servicios que se proporcionan a otros gratuitamente. Puede que un sistema de protección social dual basado en ayudas selectivas a los pobres y en seguros (subvencionados) para las clases medias también esté mal adaptado para una gran población vulnerable que no es ni pobre ni clase media y cuya vulnerabilidad aumentará si el entorno externo se vuelve menos favorable que en el pasado. Por lo tanto, ha llegado el momento de embarcarse en una segunda generación de reformas de protección social, de manera que se potencie la equidad, la solidaridad y la inclusión”.

“Romper el círculo vicioso de los impuestos bajos y la mala calidad de los servicios públicos que lleva a las clases medias y altas a optar por desvincularse. Mejorar la calidad de los servicios públicos implica fortalecer la base de los ingresos, que sigue siendo baja prácticamente en todas partes excepto en Argentina y Brasil. Mejorar la percepción que tienen las personas de la equidad en los impuestos y de la eficacia redistributiva del gasto público será clave para cualquier reforma exitosa. Las clases medias no se prestarán ni contribuirán a un contrato social mejorado si los bienes que tienen en tal alta estima (como la protección de los derechos civiles, la educación, la policía y los servicios de salud) son suministrados deficientemente por el Estado y si no perciben que los ricos contribuyen de manera justa al contrato social”.

El documento concluye con un planteo contundente: “la responsabilidad recaerá fundamentalmente sobre los hombros de los dirigentes políticos y las instituciones democráticas de la región, que se enfrentan al desafío de replantear su contrato social”.

Para más información, escribir a: incontext@avina.net

(fuente: Boletín de Fundación Avina – 14/2/14)