ART balance a un año de la nueva ley

Este mes cumple su primer año la Ley 26.773, de ART, sancionada por el Congreso a partir de los altos índices de litigiosidad y siniestralidad y el estancamiento de las prestaciones. La nueva norma incrementó las indemnizaciones por accidentes, dispuso su actualización automática, redujo plazos de cobro e incorporó nuevas enfermedades laborales, además de limitar las comisiones del sector y eliminar la ‘doble vía’ indemnizatoria.

En el primer cumpleaños de la norma, brokers, aseguradoras, organizaciones y referentes de empresas e industrias consultados por Seguros analizan su impacto y las estrategias a las que recurrieron para adaptarse a las nuevas reglas.

En el año que pasó, explican, los costos de los seguros subieron para los empresarios y se redujeron las comisiones de los brokers, mientras que el aumento en las alícuotas, que las ART cobran a las firmas, fue menor al esperado inicialmente.

Para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), 2013 ha sido “un año auspicioso, ya que el sistema siguió expandiéndose”. De acuerdo a las cifras elaboradas por la organización, existen 917.541 empresas y 8,8 millones de trabajadores cubiertos por estos seguros. “La performance del sistema se verifica de manera incuestionable en la baja morosidad que presenta (5,6 %), lo que indica que se trata de un servicio valorado. Está claro para todos la conveniencia de trabajar con parámetros eficientes de prevención de riesgos y de atención de accidentes”, analizó Mara Bettiol, presidente de UART.

En ese sentido, en 2012, las ART brindaron casi dos millones de prestaciones médicas y farmacéuticas para más de 600.000 trabajadores. El impacto del servicio en los estados de resultado para las aseguradoras es alto: según las cifras de UART, a junio de este año, el 81,8% de las primas se asigna a prestaciones dinerarias y médicas, lo que representa un aumento de 10,6% con respecto a 2008 y un aumento interanual de casi 3% con respecto al mismo mes de 2012.

Pero lo que también aumentó, con la nueva legislación, fue el costo para las empresas a la hora de contratar los seguros que protejan a sus empleados en caso de accidentes, justamente, por la inclusión de nuevas enfermedades laborales y la actualización de los montos de las indemnizaciones.

Los costos de la ley

Con la reforma se reemplazaron los pagos en rentas por pagos únicos y se fijó un mecanismo de actualización automática para las prestaciones que estaban fijas en pesos, lo que, a septiembre de 2013, representó un incremento del 165%.”También, aumentaron un 20% las prestaciones dinerarias correspondientes a accidentes en el ámbito del trabajo”, especificó Bettiol.

Si bien esto trajo aparejado un crecimiento en la facturación de las aseguradoras, no se cumplieron las estimaciones oficiales que, al momento de sancionar la nueva legislación, ubicaban el aumento de las alícuotas en torno al 19,7%. “La fuerte competencia existente en el mercado hizo que sólo pudiera trasladarse efectivamente el 13%. Esta deficiencia hace que el sistema se encuentre operando con una pérdida técnica considerable”, añadió Bettiol.

En esa misma línea, Leandro Anzoátegui, responsable de ART en Federación Patronal Seguros, consideró que el resultado no ha sido positivo: “El impacto de la ley sobre los montos de las prestaciones ha sido muy superior al incremento en las alícuotas, por lo cual las ART estamos soportando un peso muy grande. Si bien hubo un crecimiento de las primas, no sólo por el aumento de las alícuotas sino también de la masa salarial por las recomposiciones en distintos rubros, el aumento real ha sido inferior al esperado, mientras que el monto de las prestaciones a cargo de las aseguradoras se incrementó un 129%”.

Otro aspecto reclamado por las aseguradoras es la reglamentación de la nueva ley, que a casi un año de su publicación en el Boletín Oficial, aún no se ha producido. “A pesar de eso, hemos puesto en operación todos los cambios vinculados a mejoras prestacionales. Y si bien la reforma trajo aparejado un incremento de tarifas, se encuentra directamente vinculado al aumento de las prestaciones. Por lo tanto, no podemos hablar de un crecimiento del mercado, sino de una adecuación al nuevo marco normativo”, evalúa Daniel Tino, subgerente Comercial de la ART Asociart.

El sector empresarial también se vio afectado por el aumento de los costos de las coberturas, sobre todo, en las empresas más chicas. “Los costos, como hemos advertido oportunamente, subieron mucho para las empresas. El crecimiento en las alícuotas recayó con más fuerza sobre las pymes: estamos en una proporción de 5 a 1 con respecto a las grandes firmas en cuanto al esfuerzo que deben hacer para cubrir riesgos del trabajo”, advierte Francisco Matilla, asesor jurídico y laboral de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Por su parte, Juan José Etala, titular del Departamento de Política Social de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), subraya que “es muy difícil mantener los costos laborales que inciden en materia de riesgos del trabajo”, aunque reconoce que la ley “ha otorgado mayor seguridad jurídica”.

La clave es el cambio

Uno de los aspectos más cuestionados de la nueva ley es que se redujeron las comisiones que perciben los intermediarios del sistema -brokers y productores asesores de seguros- del 12% al 5%. “La reducción de esos valores nos afectó fuertemente, producto de lo que, considero, fue una mala negociación de las cámaras del sector”, advierte Marcelo Rodríguez, presidente de RiskGroup Argentina, uno de los principales operadores nacionales del sector. Añade: “El sistema funcionaba bien y se debilitó, ante la baja de las comisiones. Muchos colegas han virado a otras áreas y otros vendieron sus carteras porque no tuvieron posibilidad de reconvertirse”.

“Hay brokers de primer nivel que tenían más del 50% de su producción focalizada en ART y perdieron 30 puntos abruptamente por la nueva normativa”, grafica al respecto.

Siguiendo la misma lógica, desde AON, uno de los brokers más importantes del país, subrayan el impacto negativo de la reforma. “Todos los actores se vieron afectados, sobre todo, los que se concentraron exclusivamente en riesgos del trabajo. Nuestra firma, como broker de seguros, no está sesgada exclusivamente a estas coberturas; las nuevas reglas de juego forman parte del sistema y hay que aceptarlas así”, explica Javier Carballo, director de Aon Hewitt, la unidad de negocios en consultoría de Recursos Humanos de la firma.

Para los intermediarios de la cadena, entonces, la clave es adaptarse y reconvertir el negocio a tiempo. En el caso de Risk-Group, la venta de coberturas de riesgos del trabajo representaba el 17% de su cartera, por lo que el impacto no fue tan alto. Pero, además, resolvieron agregar nuevos servicios para sumar valor. “Decidimos completar un espectro más grande de consultoría, complementando ART con servicios y coberturas de salud y planes de beneficios para empleados. Es un rubro con más proyección y los brokers van a ir migrando hacia áreas que les generen mayores ingresos”, valora Rodríguez.

En tanto, desde AON, aseguran que “la cartera está bastante distribuida”, lo que permite brindar también “servicios de consultoría en Recursos Humanos, asesoramiento legal y en temas de seguridad e higiene”. “Nuestros clientes son los mismos que al momento de sancionarse la nueva ley y creemos que en lo que concierne a ART, hoy, la figura del intermediario tiene un rol importante en asesoría y en la defensa de los intereses del cliente; especialmente, a la hora de negociar, se valora el expertise del intermediario”, evalúa Carballo.

Siniestros y litigios

A partir de la eliminación de la ‘doble vía’ de indemnización -es decir, el trabajador ya no puede cobrar una indemnización de la empresa y, a la vez, buscar una ampliación en sede judicial, se esperaba que el nivel de litigiosidad, un factor que afecta la rentabilidad de las empresas y los costos de los seguros, disminuyera. Paralelamente, se sumaron estrategias de prevención para bajar los índices de siniestralidad: entre 2003 y 2013, aumentaron un 300% la cantidad de controles en las empresas y fábricas y, sólo en el último año, hubo 680.000 inspecciones de seguridad e higiene laboral.

Por eso, muchos coinciden en que la cantidad de accidentes está en baja. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en 2012, se produjeron 661.431 accidentes laborales, una cifra menor a los casi 700.000 siniestros del año previo y aún más alentadora que las estadísticas de 2008, año en el que se contabilizaron 694.077 accidentados, la mayor cifra de la última década. También, entre 1996 y 2012, se redujo 57% la cantidad de trabajadores fallecidos.

“Los cambios medulares de la Ley 26.773 tienen que ver con el incremento de los montos de las indemnizaciones y la fijación de la opción excluyente para frenar el incremento de la judicialización que afronta el sistema. Hay un considerable aumento prestacional y una mejora en la celeridad del pago de prestaciones dinerarias”, remarca Tino, desde Asociart.

De hecho, para el semestre de septiembre de este año, a febrero de 2014, las sumas abonadas por incapacidades graves pasarán, con respecto a la antigua legislación, de $ 80.000 a

$ 211.833; por incapacidad total, de $ 100.000 a $ 264.791; por fallecimiento, de $ 120.000 a

$ 317.750; mientras que el piso prestacional variará de

$ 180.000 a $ 476.625.

Sin embargo, estas mejoras sustanciales en las retribuciones para los empleados aún no se perciben en la cantidad de juicios iniciados. “Hay muchos buenos resultados, como la baja en los índices de siniestralidad y las mejoras en la celeridad prestacional, pero eso no se traduce en un menor caudal de juicios para el sector. Aunque tras la reforma se observa una menor cantidad de juicios con destino a los empleadores o motivados en la Responsabilidad Civil, esos mejores servicios e instrumentos brindados por la reforma todavía no se traducen en un amesetamiento o disminución de juicios que llegan a las ART”, analiza Bettiol, presidente de UART.

En tanto, desde la UIPBA, Etala señala la necesidad de evaluar la responsabilidad de los empleadores en los accidentes in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo: “Esos hechos tienen que ver con la inseguridad genérica en la calle. Sería mucho más adecuado que ello fuera parte de la seguridad social, porque el empleador no sólo no es responsable de ello, sino que nada puede hacer para evitarla”.

En este panorama, quedan pendientes reuniones entre los distintos representantes de los actores que participan del mercado y autoridades nacionales, pero las fuentes consultadas por Seguros vaticinan que se darán después de las elecciones del 27 de octubre.

(fuente: cronista.com – 9/10/13)