Propuestas cooperativas de cara a las elecciones legislativas

La Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) hace público un Documento dirigido a las fuerzas con chances de obtener representación parlamentaria a partir del 10 de diciembre. Se abordan cuestiones de orden impositivo, laboral, financiero, comunicacional, habitacional, entre otras.

Río Uruguay Seguros participa y es miembro activo del Consejo de Administración de Cooperar), organismo que representa a más de 60 entidades de diversos rubros -educación, salud, turismo, producción y vivienda, seguros, entre otros- en todo el territorio nacional.

De cara a las próximas elecciones de diputados y senadores nacionales y provinciales, a llevarse a cabo el próximo 22 de octubre, es importante repasar las principales preocupaciones del cooperativismo argentino respecto al marco legal que afecta a las cooperativas.

En ese sentido, Cooperar está haciendo llegar a las fuerzas políticas que compiten en las elecciones del 22 de octubre un documento con la posición institucional sobre distintos puntos de la agenda parlamentaria.

Entre ellos, los vinculados con la reforma fiscal anunciada por el Poder Ejecutivo, respecto de la cual el movimiento cooperativo advierte que en la legislación tributaria persiste un tratamiento inadecuado a la naturaleza jurídica de estas entidades. Por eso, se considera que la creación de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria (Ley 27.260) “es una excelente oportunidad para resolver esta añeja situación”.

Los pedidos centrales son que sea reconocida la no sujeción de las cooperativas al impuesto a las ganancias, fundamentado en su carácter no lucrativo; que en el IVA sean consideradas como consumidores finales por los bienes y servicios que destinen al aprovisionamiento de sus asociados; volver a la exención original en el impuesto a los créditos y los débitos para evitar la doble imposición actual; y que las provincias no graven los ingresos brutos al no haber operación de mercado entre el asociado y la cooperativa.

Por otro lado, Cooperar sugiere retomar la discusión hacia una Ley de Entidades Financieras que reemplace a la sancionada durante la última Dictadura cívico-militar y abra el juego al funcionamiento de las cajas de crédito así como al libre surgimiento de bancos cooperativos.

En materia de comunicaciones, el sector está atento al debate sobre la regulación de la convergencia, en un escenario que ya dejó atrás las anteriores leyes de Servicios Audiovisuales y la llamada Argentina Digital. En adelante, se apunta a incorporar parámetros que tengan en cuenta la asimetría de los prestadores y protejan el desarrollo de infraestructura y contenidos locales.

En cuanto a las condiciones de creación de cooperativas de trabajo, se propone resolver sus tensiones con el derecho laboral, en tanto son empresas donde los trabajadores deciden de forma democrática y autónoma sus condiciones y por lo tanto resultan ajenas a la asimétrica relación empleado – empleador propia del trabajo asalariado.

A su vez, se requiere celeridad y comprensión en los casos de recuperación de empresas de capital fallidas cuyos empleados se proponen autogestionar y que encuentran serios escollos legales para funcionar, a lo cual suman ahora las dificultades propias de la mayoría de las pyme para enfrentar los fuertes aumentos de tarifas.

Otros asunto de interés es el de la generación distribuida de energía, sobre la cual la Cámara de Diputados aprobó un proyecto el 13 de septiembre. De acuerdo con Cooperar, es necesario incorporar “la especificidad de las empresas de producción, transporte y distribución de energía organizadas y gestionadas bajo el sistema cooperativo”.

A través de este documento también se recuerda a los actuales y futuros legisladores que la libre disponibilidad del Fondo Nacional de Vivienda por parte de los distritos provinciales “ha significado un fuerte deterioro del volumen de fondos destinados a la construcción de vivienda”, por lo cual se considera clave recomponer dicho financiamiento y garantizar un cupo de al menos 20% para las cooperativas.

Respecto de la autoridad de aplicación, se apunta a dar fuerza de ley a los principales aspectos del diseño institucional del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), fortalecer el federalismo y jerarquizarlo para ayudar a la promoción de la economía solidaria como política de Estado.

Finalmente, las propuestas de la Confederación incluyen un capítulo referido a la ley 20.337, que regula integralmente al sector y sobre la cual se viene llevando a cabo en los últimos años una serie de debates internos en pos de actualizarla sin que pierda su espíritu original.

Todas estas propuestas fueron acordadas el 8 de septiembre en el Consejo de Administración, integrado por las 72 federaciones de cooperativas de todas las ramas que integran la Confederación. Este miércoles fueron adelantadas en un desayuno con medios de comunicación del sector cooperativo y pyme y en el transcurso de la semana serán entregadas a todas las fuerzas políticas en competencia para las elecciones legislativas.

Fuente: Cooperar