Mediante la Resolución 1659 del INAES se refuerzan las medidas para prevenir lavado de activos en cooperativas y mutuales

El gobierno nacional podrá disponer «medidas y acciones preventivas de abstención o suspensión de operatorias» en la prestación del servicio de crédito en cooperativas, de ayuda económica en mutuales y de gestión de préstamos en ambos tipos de entidades, a los efectos de la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

La participación del Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) fue decidida luego de realizarse diversas acciones de fiscalización y verificarse operatorias no autorizadas.

El organismo, por otra parte, no pudo en algunos casos realizar las verificaciones encomendadas, por no encontrarse la entidad en el domicilio denunciado. 

En este sentido, la convocatoria a los directivos de algunas de esas cooperativas y mutuales, a fin de que procedan a regularizar su situación, no arrojó resultados satisfactorios. 

El Inaes intervendrá cuando se observen «operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, con el objeto de preservar un sistema genuino de crédito cooperativo y/o ayuda económica mutual», precisa la Resolución Nº 1659. 

También actuará ante el eventual incumplimiento del régimen informativo vigente -establecido por la Unidad de Información Financiera- y cuando no resulte factible realizar las intimaciones pertinentes, ni fiscalizar in situ por no encontrarse actualizado el domicilio de la mutual o cooperativa. 

El organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social prevé la intervención, asimismo, en casos en que se impida el ejercicio de la fiscalización pública de las entidades «por denegatoria, entorpecimiento u obstrucción de las supervisiones». 

El Inaes justifica la medida ante operatorias que pueden «constituir un riesgo en materia de prevención y control, no sólo de la entidad en cuestión, sino del sistema cooperativo y mutual en general». 

La resolución del Inaes, que se publica en el Boletín Oficial, destaca la necesidad de intervenir para «preservar el correcto funcionamiento del sistema cooperativo y mutual». 

Advierte, por último, sobre las conductas de asociaciones cooperativas y mutuales que «constituyen una minoría, pero ponen en riesgo el prestigio, la misión y los objetivos solidarios de estas entidades, desnaturalizando la figura jurídica adoptada”.

(fuente: redaccion@prensacooperativa.coop)