Lento despegue

¿Futuro verde? A fines de 2017, el 8% de la matriz eléctrica deberá usar fuentes renovables. Hoy apenas supera el 1%. Pero tras décadas de atraso, empieza a promoverse el consumo de energías alternativas en empresas y casas. La interna en el Gobierno por el bus eléctrico.

El subte de Santiago de Chile, en poco menos de dos años, será impulsado en un 60% por la energía del sol y del viento. Será el primero del mundo. Se abastecerán de una planta fotovoltaica y otra eólica ubicadas del desierto de Atacama. Con el consumo de energía renovable, Chile dejará de emitir en la atmósfera 130.000 toneladas de dióxido de carbono.

Hace algunos años, Uruguay importaba energía eléctrica de Argentina y Brasil. El Gobierno comenzó a fomentar el desarrollo de fuentes renovables. La semana pasada se anunció que Uruguay venderá electricidad a la Argentina producida por el viento. Desde 2015, las energías renovables, incluyendo la hidroeléctrica, cubren el 95% de la demanda eléctrica de Uruguay.

En Argentina, aún con la frecuencia y potencia del viento del corredor patagónico y la capacidad de generación solar en el norte, el uso de fuentes renovables apenas supera el 1% de la producción de energía eléctrica.

En este sector, en la década del ‘90, Argentina se proyectaba a la par de los países europeos. Después de 25 años, es uno de lo más atrasados de Latinoamérica.

El país acumula historias de parques eólicos proyectados y nunca instalados, campos de energía solar frustrados por falta de financiación e incentivos oficiales. El uso de energía solar quedó confinado a pueblos de altura, escuelas o ranchos, presentadas como experiencias exóticas, donde no llegaba la red eléctrica, o a políticas sustentables impulsados por algunos municipios, que no dejaba de representar experiencias “boutique”, casi snob.

Pero no hubo políticas de Estado para crear un mercado con inversiones significativas, financiamientos “blandos”, o beneficios para la importación de productos solares. Tampoco se promovió un cambio de paradigma productivo para que las empresas utilicen fuentes renovables.

¿Fue un problema de costo económico?

“No. Un megavatio hora producido por energía renovable es mucho más económico que lo que Argentina importa de energía (fósil) para ‘quemar’ en sus centrales. Si eso cuesta 2, la producción de renovables cuesta 1. No es una cuestión solamente ambiental. Es mucho más barato”, indica a Clarín el subsecretario de Energías Renovables Sebastián Kind.

Frente a la crisis eléctrica, los cortes parciales de luz y aumentos en las tarifas, quedó en evidencia que la energía renovable es el modelo alternativo adecuado, pero no se creó una oferta para cubrir la demanda cada vez más insatisfecha.

En su atraso de un cuarto de siglo, Argentina quedó aislada de una tendencia mundial irreversible. Los países que favorecieron el desarrollo de la energía no contaminante, ahora están camino a la autosuficiencia.

“En los ‘90 éramos pioneros. En energía eólica, arrancamos a la par de Dinamarca -afirma el diputado “verde” Juan Carlos Villalonga, ex director de Greenpeace-. Me gustaría decir que fue el lobby de las petroleras lo que bloqueó el acceso a las renovables, pero creo que fue, sobre todo, la falta de visión de la dirigencia política. Ahora tenemos un agujero energético enorme y próximos años no habrá central hidroeléctrica o nuclear que pueda repararlo. Es el momento del despegue. Comprar un panel fotovoltaico y termotanque solar tendría que ser como comprar un televisor o un auto, con las mismas facilidades”. (Ver recuadro) La ley vigente, votada el año pasado en el Parlamento, obliga a que, a fines de 2017, el 8% del tendido eléctrico argentino debe provenir de energía renovable y los grandes consumidores (empresas) tendrán que comprarle al Estado o generar ese mismo porcentual de energía renovable.

¿De dónde se extraerá esa oferta de energía que aún no existe?

El Gobierno tiene esperanzas en el éxito del Plan RenovARque abrió la licitación para la provisión de energía renovable. Aspiran a la generación de 1.000 Mw, con una inversión estimada en 1.500 millones de dólares, distribuidos en energía eólica (600 Mw); solar (300 Mw), biomasa (65 Mw); hidroeléctricos (20 Mw) y biogas (15Mw).

La convocatoria es la primera después de dos lanzamientos fallidos: el del programa GENREN, que en el 2009 licitó casi 900Mw pero que sólo pudo concretar un 15% por falta de financiamiento -se crearon dos parques eólicos de Chubut y otros parques solares en San Juan-, y por la suspensión de la Resolución 108/11, que habría permitido emprendimientos renovables, que naufragaron por decisión de este gobierno.

“Los contratos de la (resolución) 108 eran tremendamente onerosos para el Estado: 240 dólares por Mw/hora en solar y 130 en eólico. Con esta licitación tendremos contratos mucho más bajos. Todavía estamos vendiendo pliegos a empresas locales e internacionales y contamos con la garantía del Banco Mundial que le aseguran al inversor que puede ‘jugar’ en el largo plazo. Con la licitación de 1000 megavatios se alcanzará al 4,5% de fuentes renovables en la matriz energética. Para la meta del 8% necesitamos otras dos convocatorias. Quizá haya otra el año próximo”, asegura el subsecretario Kind.

Los parques solares y eólicos de la licitación comenzarán a funcionar en al menos dos años.

A la caza del sol y el viento Roberto Baratelli, socio de la consultora Enteos, generadora de proyectos renovables, cree que el mayor obstáculo para los desarrollos fue el financiamiento, que recién se obtiene cuando una empresa presenta un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) con el Estado. “Uruguay, que ya tiene experiencia probada en el sector, se financia a tasas del 2 ó 3 % anual. Argentina al 9%. Eso encarece el precio del Mw hora”, explica a Clarín.

Con su consultora, Baratelli opera como un buscador de vientos. Coloca una antena para medir la velocidad -en el corredor patagónico alcanzan un promedio de 9 metros por segundo-, estudia el impacto ambiental, y si comprueba que el recurso es suficiente, alquila la tierra para una futura instalación de un parque eólico. Esta operación de factibilidad requiere al menos dos años de estudio y una inversión aproximada de medio millón de dólares. Después, las carpetas con la potencialidad del negocio son estudiadas por los “players” del sector eléctrico que diversifican sus inversiones en energía renovable. “Ellos también podrían realizar la ingeniería del proyecto, pero frente a programa RenovAR, en estos meses prefirieron salir a la caza de proyectos ya probados técnicamente, auditados por consultoras internacionales, para presentarse como oferentes del Estado en la licitación y proveer energía renovable”, dice Baratelli a Clarín.

Para el futuro, quizá el año próximo, se espera que cualquier habitante de Argentina que consume energía eléctrica, también pueda venderle a una empresa o al Estado la energía que generó en su casa por un equipamiento solar. Este sistema, denominado “energía distribuida”, de autoconsumo, todavía no tiene una ley nacional, pero ya se aplica en cuatro provincias. Una de ellas es Salta. “Tenemos una norma local desde 2014 de “balance neto” para usuarios residenciales e industriales a baja escala, que les permite compensar la energía consumida con la generada y vender su excedente a la empresa eléctrica provincial Edesa”, explica el secretario de Energía provincial Marcelo Juria Clarín.

Además de continuar con el desarrollo de “pueblos solares” del programa PERMER, con calefactores y abastecidos por la energía del sol, Salta espera ser “bendecida” con millonarias inversiones.La provincia permitiría proveer 480Mw, casi la mitad de la energía del proceso licitatorio. Las cuentas le rinden: se calcula que la inversión por cada Mw es de 1,5 millón de dólares. “Tenemos dos nodos, la Puna (400Mw) y la línea Cafayate (80Mw). Ya entramos en contacto con empresas extranjeras para evaluar proyectos. La provincia ofrece la asociación con Remsa, empresa estatal de recursos energéticos y mineros”, dice Juri.

Santa Fe es otra de las provincias con legislación local que permite la “generación distribuida”. “El programa Prosumidores permite a usuarios residenciales convertirse en productores de energía y reconectarse a la red de baja tensión. Le reconocen una compensación de 5,50 pesos por Kw hora por la energía que aportan al sistema”, explica Alejandro Jurado, fundador de “La Ciudad Posible”. Jurado coordinó un programa integral de sustentabilidad en Rafaela, con gestión de residuos y “economía verde”.

La localidad de Amstrong, también en Santa Fe, de once mil habitantes, ya posee una planta fotovoltaica de 200Kw, con 60 techos solares en viviendas y 10 turbinas eólicas que se activarán en pocos meses con el modelo de “generación distribuida”.

La fórmula de generación de energía por parte de los municipios, también se promueve con el reciclado de residuos sólidos. Por su alta carga calórica, pueden transformarlo en biogas (gas de origen renovable) para sumarlo a la energía eléctrica o la red de gas domiciliario. En el futuro, la reconversión de la matriz energética también podrá impulsarse desde los municipios.

Pero el país no tiene una ley nacional que permita que una empresa coloque paneles fotovoltaicos en su techo o en la terraza de un edificio, y la energía del sol pueda utilizarse para el consumo eléctrico doméstico, y además, el excedente pueda ser subido a la red y retribuido en dinero o por deducción tarifaria. Si existiese esa ley, cada usuario se convertiría en un productor-consumidor.

Hoy hay 10 proyectos en el Congreso que impulsan la “generación distribuida”. Esta semana comenzarán a discutirse en la Comisión de Energía. Comparado con el desarrollo de plantas de energía renovable que moverán, en un 60%, los vagones del subte de Santiago de Chile quizá parezca demasiado poco. Tras décadas de atraso, es un paso.

Fuente Clarin

(extraido de http://www.standback.com.ar/news/47/enfoco.html)