Seguridad alimentaria: la amenaza del cambio climático sobre los cultivos

An egg with a shape of an detailed earth map

Según proyecciones difundidas por el Banco Mundial, se necesitará producir al menos un 50% más de alimentos para abastecer a los 9 mil millones de personas que para el año 2050 se estima que habitarán el planeta. Sin embargo, el cambio climático podría reducir los rendimientos de los cultivos en más de un 25%. “La tierra, la biodiversidad, los océanos, los bosques y otras formas de nuestro capital natural se están agotando a un ritmo sin precedentes –alerta el organismo internacional–. A menos que cambiemos la forma en que administramos nuestros recursos naturales y cómo producimos nuestros alimentos, la seguridad alimentaria del mundo estará en riesgo, y especialmente para los más pobres.” El impacto del clima sobre la seguridad alimentaria ya puede comprobarse actualmente. Entre las últimas novedades reportadas por el Programa Mundial de Alimentos (WFP), se destacan varias emergencias en la región de América Latina y el Caribe. Recientemente, el Ministerio de Agricultura de Haití emitió una alerta por la crisis de seguridad alimentaria que afecta a alrededor de 500 mil personas, a raíz de una sequía que redujo a la mitad la producción agrícola e impactó dramáticamente en los precios de los alimentos. Y otras varias sequías han afectado por segundo año consecutivo la producción de los principales cultivos de Guatemala, Honduras y El Salvador, ocasionando serias pérdidas en las cosechas, afectando las reservas de alimentos, reduciendo las oportunidades laborales e incrementando drásticamente los precios de alimentos. En todas las áreas afectadas, la seguridad alimentaria seguirá deteriorándose hasta diciembre o enero, cuando un segundo ciclo de cultivos podría aliviar la falta de acceso a los alimentos. Sin embargo, debido al fenómeno de El Niño, las actuales sequías podrían extenderse e intensificarse. Si bien el incremento en los precios de los alimentos es la consecuencia económica más inmediata –con especial impacto en las poblaciones con menos recursos–, lo cierto es que las secuelas se multiplican y sostienen en el tiempo. Así, las familias más pobres alterarán su alimentación recurriendo a productos más baratos –y menos nutritivos–, y es muy probable que retiren a sus hijos de las escuelas. A futuro, esto podría tener graves efectos sobre el bienestar social, físico y mental de millones de jóvenes. Es aquí cuando los programas de protección social adquieren valor para la sostenibilidad de la seguridad alimentaria, en tanto contribuyen a mejorar el consumo e incrementar la capacidad de los hogares para producir alimentos y aumentar los ingresos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la región de América Latina y el Caribe, la asistencia social cubre alrededor del 60% de la población rural y más del 30% de la población urbana. Al respecto, “la selección eficaz de los beneficiarios y las transferencias adecuadas son determinantes importantes del éxito”, asegura FAO, y en este sentido destaca especialmente que “los programas dirigidos a las mujeres tienen mayores efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición, lo que es especialmente importante, porque la malnutrición materna e infantil perpetúa la pobreza de una generación a otra”. A pesar de su eficacia probada, la protección social por sí sola no puede resolver la pobreza y el hambre de manera sostenible. En la edición 2015 del reporte El estado mundial de la agricultura y la alimentación8, FAO explica: “La agricultura y la protección social se encuentran fundamentalmente vinculadas en el contexto de los medios de vida rurales. Las familias pobres y en situación de inseguridad alimentaria dependen fundamentalmente de la agricultura  para sus medios de vida y suponen una gran proporción de los beneficiarios de los programas de protección social. Una mayor coherencia entre la agricultura y las intervenciones de protección social puede ayudar a proteger el bienestar de los agricultores pobres en pequeña escala, ayudándolos a gestionar los riesgos con mayor eficacia y a mejorar la productividad agrícola, lo que conducirá a medios de vida más sostenibles y a un progreso que permita salir de la pobreza y el hambre”. El documento señala varias opciones para reunir y coordinar mejor la protección social y las intervenciones y políticas agrícolas, desde subvenciones a los insumos agrícolas –en particular a los fertilizantes– o el crédito a la agricultura, hasta los programas de compras institucionales. No obstante, el organismo destaca como una cuestión operativa fundamental la selección de los beneficiarios de las intervenciones: “La experiencia de varios países pone de manifiesto que los sistemas unificados de registro o selección resultan especialmente útiles en el caso de que varios programas tengan objetivos y poblaciones destinatarias que se superpongan”.

(fuente: http://www.pwc.com.ar/es/publicaciones/assets/megatendencias2.pdf)