La Superintendencia de Riesgo de Trabajo firma un protocolo con la Corte Suprema

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema provincial, y Guillermo Arancibia, gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), han firmado un protocolo que habilita a distintos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial a solicitar a la Oficinas de Pericias del ente contralor la realización de exámenes médicos derivados de los procesos judiciales por accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.

El acuerdo, según detalla el diario La Capital, estipula que la SRT pone a disposición de la provincia datos como el Registro de Accidentes de Trabajo; el Registro de Enfermedades Ocupacionales; el Registro de Contratos de Afiliación; el Registro de Actuaciones Judiciales de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo; los registros de los que surgen los incumplimientos de los empleadores a las normas de higiene y seguridad en el trabajo y los expedientes ante las comisiones médicas, con sus respectivos antecedentes médicos.

Con respecto a los beneficios directos, y teniendo en cuenta que Santa Fe es una de las provincias que tiene una de las tasas más altas en materia de litigiosidad del país, después de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia bonaerense, cabe resaltar que el convenio es parte de las soluciones que está impulsando el gobierno nacional, a través de la SRT, para darle una solución al reclamo de diferentes sectores, que afecta al sistema de riesgos del trabajo.

Además, esta rúbrica se enmarca en el trabajo que lleva adelante el Ejecutivo nacional para elevar un proyecto de ley que lleve este sistema a la Seguridad Social. Lo firmado con la Corte Suprema es el primer acuerdo de esta naturaleza, y se realiza en un marco de colaboración entre la delegación provincial de la SRT, a cargo de Federico Larrazabal, y la Justicia provincial, buscando paliar de esta manera la alta litigiosidad que afecta a todos los actores del sistema. Por este acuerdo, la SRT se hace cargo y realizará todas las pericias judiciales en todos los casos por accidentes o enfermedades derivadas del trabajo que hoy se encuentran en trámite o puedan tramitar por los Juzgados provinciales.

Las incapacidades y aplicación de la tabla de la ley se incorpora de manera oficial

Entre los beneficios de este acuerdo, no solo se bajan los costos judiciales (no hay más honorarios de peritos en el medio), sino que además de esta manera la forma de determinación de las incapacidades y aplicación de la tabla de la ley se incorpora de manera oficial. Esto tarde o temprano hará, según entienden los especialistas del sector, que los reclamos por accidentes y enfermedades del trabajo deban pasar por las comisiones médicas, ya que en ellas se maneja el mismo baremo que el que se utilizará en la justicia, desalentando la industria del juicio.

Por último, según detalla el documento al bajar la litigiosidad, bajan los costos laborales a las empresas, ya que deben bajar las alícuotas que cobran las aseguradoras a los empleadores. Se trata de un porcentaje sobre la masa salarial que las empresas se ven obligados a pagar, y que las ART, para la determinación de la misma, tienen en cuenta la litigiosidad que enfrentan como consecuencia de accidentes o enfermedades que derivan de esa empresa a la que aseguran. Al bajar el costo laboral, sobre todo las pymes, tienen más dinero utilizable e invertible, en lugar de derivarlos a las aseguradoras de riesgo de trabajo.

(fuente: https://mail.google.com/mail/u/1/#all/15591a0f448ebc84)