La repentina decisión del gobierno de Entre Ríos de sancionar una nueva Ley Impositiva provincial, que requirió de una extraño -aunque no novedoso- mecanismo de la legislatura para que tuviera la sanción completa en una misma noche, golpeó duro sobre casi toda la actividad económica de la provincia, particularmente de la industria, la actividad primaria y de las cooperativas. Pasó de una situación anterior donde se reconocía la esencia del cooperativismo, a ignorarla.
En cuanto nos concierne particularmente, La Agrícola Regional, mientras pagaba Ingresos Brutos de acuerdo a la ley anterior vigente, ya era el primer contribuyente de Ingresos Brutos en la provincia. Con la nueva reforma pasará a tributar un 130% más, al haberse quitado la exención parcial que tenían algunos sectores de la cooperativa y haberse gravado la industria, sumado al aumento de alícuota.
Este aumento de alícuota además de proyectarla aún más arriba en el ranking de empresas que hacen grandes aportes al tesoro provincial, se trasladará técnicamente a precios; esto sucederá obviamente con todas las empresas y actividades alcanzadas, afectando al consumidor.
No hace falta especular mucho en torno al origen de esta propuesta de reforma, que la CTA le había presentado al gobernador Urribarri en 2009 y la descartó, pero la desempolvó ahora. Se gasta más de lo que entra y eso requiere más fuentes de recaudación, urgencia que termina negando la esencia de las economías sociales.
¿Por qué las cooperativas merecen un análisis y tratamiento diferenciado? Hay una razón histórica que tiene que ver con su concepción social. El Estado no debería apartarse del paradigma de conceptuarlas como entidades sin fines de lucro, porque no producen ganancias sino excedentes que distribuyen e invierten en infraestructura (instalaciones que benefician los servicios a los asociados y la comunidad, educación de calidad, energía para el campo, agua para las poblaciones donde el Estado no la provee, etc.), amén de su indiscutido cumplimiento al proporcionar trabajo ciento por ciento registrado. Segundo, porque la transparencia es una de sus banderas. No hay en ellas evasión; no puede haberla porque se volverían incontrolables. Y si está oficial y públicamente admitido que en la Argentina tenemos un alto grado de evasión, situarlas en el mismo nivel de tributación que al resto de la economía oficialmente reconocida como evasora, pone a las cooperativas en inferioridad de competitividad.
Pero aún si no fuera así. Aunque estuviésemos en la Argentina año verde del cumplimiento impecable. Los gobiernos entrerrianos siempre han reconocido los valores del cooperativismo y mantenido una alícuota más baja, de reconocimiento y en cierta forma para equipararlas con el promedio de contribuyentes. Durante un periodo muy reciente de gobierno se les exigía pagar el 50% de Ingresos Brutos y mandar el resto a ‘reservas’, mecanismo que las obligaba a invertir para crecer y generar trabajo. Más recientemente se eliminó la obligación de mandar a reserva esa porción y pasó a resultados que eran convertidos en mejores beneficios para los asociados. Lo que se hizo ahora y que enoja mucho a dirigentes y asociados, fue quitarles esa diferencia aumentándoles -sin debate previo- la alícuota del impuesto hasta un nivel de igualdad con el capital no solidario, desconociendo de un plumazo el alto valor social de las cooperativas, a las que desde el discurso dicen reconocer como un camino ideal para construir un mundo más justo y solidario.
Quizás fue un plumazo de “necesidad y urgencia”, pero esta vez fue contra una concepción social, contra quienes propiciamos un modo diferente de relacionarnos y comerciar entre seres humanos.
(Nota publicada por el autor en el Periódico LAR, de La Agrícola Regional Coop. Ltda., edic. de enero).
Fuente: Por Egidio Luis Jacobi.
Muchas gracias a Herminio Ludi por el aporte.
