Chile: SVS presenta normas que refuerzan los gobiernos corporativos de sociedades anónimas abiertas

La SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) confirmó esta semana la emisión de la Norma de Carácter General (NCG) N°385 que deroga la Norma N°341 sobre gobiernos corporativos y la NCG N°386 que modifica la Norma N°30. El objetivo principal de la propuesta es mejorar la información que reportan las sociedades anónimas abiertas del mercado local en materias de gobierno corporativo, e incorporar la difusión de prácticas relacionadas con responsabilidad social y desarrollo sostenible. El pasado día 2 de marzo la Superintendencia puso en consulta para el mercado y público en general el informe denominado “Fortalecimiento de Estándares de Gobierno Corporativo de las Sociedades Anónimas Abiertas”. Dicha consulta finalizó el día 3 de abril.
Tras recibir los comentarios vía web, por primera vez la Superintendencia también organizó mesas de consulta para las personas que habían manifestado el interés de participar de esa instancia, asistiendo alrededor de 80 participantes, incluyendo la contribución de opiniones desde el extranjero.

Finalizadas estas iniciativas, la SVS realizó un análisis interno de los comentarios al proyecto normativo y evaluó el impacto de la modificación normativa. Según el superintendente Carlos Pavez, “con la emisión de estas normas culmina un ejercicio que decidimos implementar en el contexto de un nuevo esquema de desarrollo normativo, que profundiza la transparencia y la participación ciudadana. Hemos recogido los comentarios que nos han hecho diferentes actores de nuestro mercado y creemos que estas normas ayudarán a que los inversionistas tomen decisiones de inversión mejor informados”.

El objetivo principal de la propuesta es mejorar la información que reportan las sociedades anónimas abiertas del mercado local en materias de gobierno corporativo, e incorporar la difusión de prácticas relacionadas con responsabilidad social y desarrollo sostenible. Sin embargo, la adopción de estas prácticas no es obligatoria, puesto que el objetivo general de la Superintendencia es que se generen los incentivos para que los inversionistas tomen sus decisiones de inversión privilegiando aquellas sociedades en que sus intereses estén mejor resguardados.

(fuente: BDSAL – 10/6/15)