SE COMPLICA EL NEGOCIO DE LAS ART: El aumento de alícuotas no alcanzó

Pese al aumento de alícuotas del 19,7 %, las tarifas cobradas por las ART resultan insuficientes para cubrir la avalancha de siniestros. El ingreso de juicios no baja.

La nueva ley de Riesgos del Trabajo 26.773, sancionada en octubre pasado, sigue generando discusiones, preocupaciones y mucha especulación entre aseguradoras, productores asesores, asociaciones de compañías e intermediarios y abogados.

En el radio pasillo que se establece entre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y los productores de seguros, trasuntan expresiones como la dramática situación de las ART, el destrozo que propicia la judicialización de los siniestros y la emergencia económica de los productores.

Pero también están los que no se quejan porque advierten haber conseguido «la mejor alternativa posible» teniendo en cuenta que la otra opción era, según señalan off the record, «la derogación total del sistema» que presta cobertura a más de 8,6 millones de trabajadores y que a lo largo de sus casi 17 años redujo en un 56 % la mortalidad en el trabajo, según las propias estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

Mientras el mercado se reparte entre la puja por las tarifas, la falta de definición de una esquema que permita estimar acertadamente las alícuotas y la erosión de las ecuaciones técnicas, todos nubarrones que se despejarían de inmediato con una reglamentación oportuna de la ley.

En esta nota, Estrategas se propone averiguar quién gana y quién pierde con las nuevas reglas de juego, en un tablero que no termina por dejar las fichas quietas.

OFF THE RECORD. Más allá de los cambios, discusiones y consensos que una nueva normativa amerita, las ART alertan sobre su dramática situación. Pero, ¿qué es tan grave? «El problema es la infra prima. Las tarifas no son suficientes», dispara el ejecutivo de una ART que se anima a hablar con el grabador apagado, preocupado por los resultados que reportará el primer trimestre del año: «Serán terribles. El resultado técnico pasará a estar en dos dígitos».

¿Por qué las primas quedaron tan bajas si hace pocos meses se dio un aumento acordado en el 19,7 %? Por las idas y venidas que genera la sanción de una ley que todavía no está reglamentada. A saber:

Como se dijo, la norma escrita determina que la base imponible para la determinación de las alícuotas se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones (sueldo, horas extra, premios, etc.) y conceptos no remunerativos (como asignaciones familiares, vacaciones no gozadas, aumentos por convenios colectivos, entre otras) que declare mensualmente el empleador.

Sobre esa base, las ART acordaron (y comenzaron a comunicar) un incremento de precios del 19,7 % a partir del 1º de noviembre pasado. Lo que pasó fue que en enero la SRT suspendió la aplicación momentánea del artículo 10, «hasta que las SSN y SRT establezcan indicadores que sirvan de base para la definición de alícuotas de las compañías».

«Fue un golpe letal. Cuando lo no remunerativo se vino para atrás, complicó los números de todos. Si las ART hubiéramos sabido que no íbamos a contar con lo no remunerativo, el aumento no hubiera sido del 19,7 por ciento sino del 26,8, es decir, 7 puntos más», dispara el mismo ejecutivo que prefiere no ser identificado.

A este revés se suma la preocupación por la imposibilidad de volver a aumentar las tarifas durante 2013, la inquietud que genera la tardanza del decreto reglamentario y la dilación extra que un año electoral pueda acarrear.

Aunque las aseguradores postulan que tienen espaldas (al menos por ahora) para soportar los embates, porque «los resultados financieros vienen mejor que el año pasado», admiten que «la situación técnica del negocio puede complejizarse más todavía si se incorporan las nuevas enfermedades alcanzadas por la ley: lumbalgias, hernias y varices».

El fantasma estatizador del sistema de Riesgos del Trabajo efectivamente corrió por pasillos y despachos. Sin embargo, los operadores están tranquilos, convencidos de que eso no pasará, porque «el negocio de la ART tiene fundamento» y porque «el sistema es muy prestacional, no una caja como lo fue el de las AFJP».

ECUACION TECNICA. Riesgos del Trabajo es un segmento del seguro altamente concentrado. Los primeros cuatro operadores del ramo son dueños de más del 51 % del negocio. El resto se lo reparten entre otras 19 ART. Estrategas habló con los protagonistas.

«La ley es beneficiosa porque da mayores indemnizaciones a los trabajadores y previsibilidad a los empleadores, pero con una prima que resulta insuficiente para las aseguradoras (y que afecta a la solvencia de los operadores -problema solucionable sólo con aportes de capital o con una suba de precio-) y con un límite a los gastos de intermediación que afecta a los productores, y eso no es bueno», sostiene Eugenio Muerza, gerente comercial de Asociart ART, aseguradora que a diciembre de 2012 se ubicaba en el tercer puesto del ranking de producción del ramo con 968,4 millones pesos en primas emitidas.

Gonzalo García, director comercial de Galeno ART (segundo operador según el mismo ranking con una producción que supera los 1.209 millones de pesos), es más optimista. «Si bien no se han dado una parte sustancial de los cambios que necesita el sistema, creo que estamos bien encaminados», estima, aunque comparte el escenario planteado por su colega.

Para las aseguradoras, los trabajadores fueron los grandes beneficiados por la suba en las indemnizaciones. «Pero, ¿quién paga esos incrementos? se pregunta Muerza-. Se supone que se pagan con un incremento en la prima, pero me animo a decir que el aumento que se aplicó, del 19,7 por ciento, no fue suficiente para cubrir las nuevas indemnizaciones».

Según repasa, el sistema ya tenía resultado técnico negativo a junio de 2012 y de acuerdo a los balances a diciembre, la cuenta se agravó para fin de año: «Y todavía no se veían allí los efectos de la nueva ley. A ese resultado, ahora, habrá que agregarle el agravamiento que producen sobre la ecuación técnica los mayores beneficios. Veremos que nos encontramos en una situación de mayor desequilibrio técnico».

No todos los operadores están tan preocupados: «El ajuste de las primas del 19,7 por ciento fue consensuado por todo el mercado y se revela como totalmente necesario para que las aseguradoras podamos financiar el incremento en las prestaciones fijado por la nueva normativa», considera Guillermo Davi, gerente general de Prevención ART, la aseguradora de Riesgos del Trabajo del Grupo Sancor Seguros, líder indiscutido del ranking de producción del ramo con más del 20 % de participación y con 2.048 millones de pesos en primas.

Para Davi, «se está procurando hacer sostenible el sistema y garantizar la solvencia de los operadores del sector, pero, al mismo tiempo, con costos que el empresariado pueda afrontar».

Por su parte, Myriam Clerici, gerente general de Provincia ART, considera apresurado hacer un balance sobre los alcances de la nueva ley antes de cumplidos los dos primeros años de aplicación. Mientras tanto, dice la ejecutiva que comanda la cuarta compañía más grande del ramo que a diciembre de 2012 tenía emitidas pólizas por 932,2 millones de pesos: «Trabajamos sobre el control de los gastos de explotación y producción para ubicarnos dentro de los niveles fijados por la legislación».

García espera que se resuelva el tema de la insuficiencia técnica de las alícuotas: «Cuando las ART establecimos las nuevas tarifas promedio que hacían falta aplicar, asumíamos que -como decía el art. 10 de la ley- todos los conceptos remunerativos y no remunerativos formarían parte de la base imponible. Los organismos de contralor ya especificaron que eso será así, pero estamos a la espera de que se haga efectivo».

Hasta que eso no suceda, García advierte: «Los resultados técnicos de las ART se están deteriorando». De todas maneras, pone paños fríos: «Esto es una foto que no se ve bien en este momento, pero está dentro de una película que consideramos que es muy buena. Yo quiero separar lo que es coyuntural de lo que es estructural».

En el mismo sentido, Muerza define al escenario post ley como de indefinición por la falta de una reglamentación que defina las prestaciones, las tarifas y las comisiones. «Por ahora, subraya, seguimos aplicando el criterio mediante el que la UART decidió interpretar la ley. Necesitamos la reglamentación para tener la certeza de que no estamos haciendo cosas que luego deban ser revisadas».

El gerente se manifiesta expectante a la hora de calcular tiempos de demora de la ansiada reglamentación y opina: «El sistema de Riesgos del Trabajo pareciera no estar en la agenda del Poder Ejecutivo, como lo estuvo en el momento en que se decidió la reforma. Pareciera que tiene otras prioridades».

Aunque está convencido de que el 19,7 % no alcanza para sostener las prestaciones, García reconoce la lógica de los empleadores que, ante un aumento de precios, salen a buscar algo más barato. Pero, en ese marco, advirtió que no es el momento más adecuado para avanzar en una guerra de tarifas, teniendo en cuenta que las ART están afectadas en sus resultados técnicos. «No es un buen momento para hacer apuestas de crecer en prima o en cápitas. Por el contrario, estamos dispuestos a ceder cartera, a perder mercado, para mejorar la rentabilidad».

Muerza, más que una guerra de tarifas entre aseguradores, ve posible «una alta movilidad de clientes en el segmento de empleadores chicos impulsada por el interés de captar nuevos asegurados por parte de los productores», actores calve en la cadena que con la nueva normativa vieron reducida su comisión y que, por tanto, están tratando de hacer más negocios.

La pregunta sobre cómo manejar las nuevas limitaciones en materia de gastos y comisiones resulta clave. Muerza, por ejemplo, admite haber sufrido un impacto al adecuar sus gastos de estructura. «Modificamos la contabilidad para que los gastos que son prestacionales, como los centros médicos y las acciones de prevención, se compute contablemente de modo de cumplir con la ley».

Por su parte, Davi cuenta que Prevención ART aplicó «ajustes basados en un análisis pormenorizado de la estructura tarifaria y cada uno de sus componentes» y que buscó «reducir al mínimo posible el impacto sobre los clientes».

Casi a coro, los ejecutivos consultados para esta nota reconocen a los productores como su principal canal comercial y hasta como preventistas. «Es un momento muy importante para estar al lado del productor. Recién para fines de 2014 estarían cobrando el mismo dinero que hoy en términos nominales, aunque no porcentuales. Van a recuperar, de alguna manera, su poder adquisitivo», estima García.

JUICIOS. «En áreas como la litigiosidad, el impacto consecuente del nuevo marco legislativo comenzará a visualizarse con claridad recién a partir de fines del año próximo -sostiene Clerici- porque se observa un delay promedio de entre dos y tres años entre la ocurrencia del siniestro y el inicio del juicio».

Davi propone esperar para verificar si el objetivo de la baja en la cantidad de juicios se cumple.

A pesar de que la nueva normativa terminó con la doble vía, para Muerza «no resuelve otros aspectos que están debatiéndose en los tribunales Laborales», porque las limitaciones que la nueva ley introdujo para que los trabajadores reclamen la Responsabilidad Civil, pueden originar «un incremento de la litigiosidad» en reclamos como los vinculados a «las diferencias por incapacidad, mayores indemnizaciones y otros planteos que se sustancian en los tribunales».

García remarca que en la comparación interanual entre febrero de 2012 y de 2013, se observa la misma judicialización, al tiempo que apuesta a que esa curva comience a bajar con el correr del tiempo. Además, el ejecutivo repasa la estrategia de Galeno que, luego de haber internalizado el estudio de abogados, apunta a una política conciliatoria que en el 55 % de los casos obtiene acuerdos durante el primer año de iniciada la causa.

SALUD Y PREVENCION. El ingreso al negocio de los Riesgos del Trabajo de grupos económicos provenientes del sector de la Salud es una realidad. Ejemplo de ello son la compra de Liberty ART por parte de SMG y de MAPFRE ART y SALUD por cuenta de Galeno, operación que consolidó a este último como el segundo operador más grande del ramo.

«Creo que buscan vender más servicios de salud y usan este sistema como medio. El canal de productores de seguros es muy fuerte y ahí hay una oportunidad», considera Muerza, pero advierte a quien quiera escuchar: «Muchos ven sólo la parte prestacional del sistema de Riesgos del Trabajo y no ven lo indemnizatorio. Sin embargo, lo indemnizatorio es mucho más cuantioso (en montos) que lo prestacional».

Mientras el gerente comercial de Asociart ART postula que «lo que está en discusión es cuál de los dos sistemas (si Seguros o Salud) es más eficiente en materia de Riesgos del Trabajo», Davi celebra las incorporaciones porque «enriquecen al mercado y lo hacen más competitivo».

Por su parte, García adelanta una iniciativa de la firma que estaría en marcha al cierre de esta edición: el Programa Integral de Prevención, un ambicioso proyecto por el cual Galeno acercará a las empresas pymes con hasta 50 cápitas (extensible hasta 100) asesoramiento para tener su legajo técnico al día.

Se trata de un programa que ayudará al empleador a gestionar, por ejemplo, las tareas administrativas que impone la ley o a descifrar los riesgos inherentes a su actividad para poder mitigarlos. «Esto es inédito -dice García-. Y es el rol que deben ocupar las ART porque, más que la salud, importa la prevención de la enfermedad».

Para Muerza, en los 17 años que lleva el sistema de Riesgos del Trabajo, «los avances que hubo en materia de prevención son notables pero insuficientes, porque sigue habiendo fallecidos». Este gerente invita a pensar políticas de Estado que vayan en ese sentido y celebra la oportunidad para profundizar las acciones de prevención que propició la Semana Argentina de la Salud y Seguridad que a fines de abril se realizó en Tecnópolis.

Clerici, finalmente, define que «la cultura de la prevención es una guía para las acciones comerciales», y sostiene que contar con un equipo propio de preventores le permite brindar un «servicio personalizado y de excelencia».

ENTUSIASMO. Como un faro en la tormenta, se presenta el cambio de regulación laboral para empleadas domésticas a partir del cual los empleadores deberán contratar una ART para sus dependientes hogareños.

«Estamos ante la posibilidad de sumar a 500 mil trabajadores», cuantifica Muerza. Sin embargo, esta buena nueva también genera interrogantes dada la particularidad de la actividad. En ese sentido, se pregunta cómo se calculará la prima y, en caso de siniestro, la indemnización, si no existe un registro público en el que queden asentados los sueldos de cada trabajador y cuyos aportes se hacen según rangos de salarios. «La inquietud radica en que en una misma franja de salarios hay quienes cobran 5 mil pesos y quienes cobran 8 mil», ejemplifica, y advierte acerca del «riesgo de caer en la injusticia del promedio, en el que lo que es justo para unos puede ser injusto para otros».

Para García, «habrá que hacer esfuerzos para entender bien cuestiones como el accidente in itinere que se dé en el traslado desde un lugar de trabajo hacia otro, para quienes tengan dos empleos en un mismo día». La alta rotación de este personal también será un desafío. «Será un aprendizaje conjunto».

«Estamos trabajando en el diseño de la mejor cobertura posible para el personal doméstico, buscando que cada empleador pueda brindarle la mejor protección a quienes trabajan en su hogar», adelanta Davi.

Para cerrar el tema, todos los entrevistados en esta nota señalan la importancia de que se arribe a un esquema similar a éste también para los trabajadores autónomos.

¿OTRA OPORTUNIDAD? La RC Patronal se sumó en 2011 al abanico de ofertas para el target corporativo sin pena ni gloria. Hoy podría tener un renovado impulso ya que la nueva ley de Riesgos del Trabajo le dio entidad al otorgar al empleado la posibilidad de optar por no percibir su indemnización por parte de la ART y tomar el camino de la demanda judicial en el fuero Civil.

Ante este escenario, algunos aseguradores desempolvan sus viejos maletines para salir a vender con más fuerza la RC para patrones, mientras que otros la desestiman porque, según advierten, «igual no va a andar».

Para Muerza, por ejemplo, la RC Patronal tiene una nueva oportunidad: «Si antes había motivos para que los empleadores compraran una cobertura de ART, ahora esa motivación esta reforzada porque la ley ha transformado a la responsabilidad civil en un derecho de los trabajadores».

Para Galeno, en el otro extremo, no representa un negocio. «Lo analizamos tres veces y lo descartamos porque entendemos que es un servicio que no ofrece los beneficios al empleador de acuerdo a los costos que paga», dice García. «Tampoco hay demanda. Ninguna empresa cliente nos dijo que si no le ofrecíamos la RC Patronal se iba».

Noelia Tellez Tejada

Los cambio en la nueva ley

La nueva normativa vino a modificar la ley 24.557, sancionada en 1995, y redefine el escenario para todos los actores.

Los trabajadores, por un lado, se ven favorecidos por el incremento de los montos de las indemnizaciones que el sistema de Riesgos del Trabajo les debe pagar en caso de siniestro. Por otro lado, ahora están obligados a optar entre la vía judicial o la administrativa (dando fin así a la nunca bien ponderada doble vía), aunque la nueva ley llevó la judicialización de casos al fuero Civil (ya no Laboral).

Algunas de las mejoras en las condiciones indemnizatorias plasmadas en la norma: eleva los topes, establece como principio general el pago único dentro de un plazo no superior a los 15 días del accidente, e incorpora el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) para ajustar dos veces por año los importes por incapacidad.

La eliminación de la doble vía, mecanismo por el cual un trabajador podía apelar a la vía judicial luego de cobrar la indemnización de la ART, instala una doble opción excluyente: la indemnización o el juicio de Responsabilidad Civil. De esta manera, la normativa se propone desalentar la judicialidad que azota al sistema.

Por su parte, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) establecen los indicadores que las ART contemplarán para estimar sus alícuotas y cuya base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador (en la normativa anterior, dicha base imponible sólo se calculaba sobre las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones que tuvieran como destino el sistema de jubilaciones), tal como lo define el artículo 10.

La ley establece que transcurrido un año desde la incorporación de la alícuota al contrato del empleador, la ART podrá modificarla dentro del régimen de alícuotas aprobado por la Súper y previo aviso con 60 días de anticipación al empleador. Al mismo tiempo, deben transcurrir dos años de la vigencia de la presente ley para que la SSN, en conjunto con la SRT, pueda establecer nuevos indicadores para la fijación del sistema de alícuotas.

Otro de los cambios que incorpora esta nueva legislación, tal vez el más resonado, radica en el tope impuesto para algunos gastos de las ART, que ahora deben limitar su presupuesto en gastos de administración y otros no prestacionales al porcentaje que establezcan conjuntamente la SRT y la SSN, «el que no podrá superar el 20 por ciento de los ingresos que les correspondan para ese seguro», según reza la nueva ley. Además, dentro de ese importe, las compañías «podrán asignar a gastos de comercialización o intermediación en la venta del seguro hasta el 5 por ciento del total».

Publicado el 9/5/2013

(fuente: http://www.revistaestrategas.com.ar/revista-435.html)