“Con menos accidentes, gana la sociedad; con menos reclamos judiciales, también”

La problemática del aumento de la litigiosidad en referencia a los accidentes de trabajo alcanzó niveles preocupantes y supera todo parámetro de razonabilidad. Este sistema necesita que el Poder Judicial unifique criterios. En este sentido, el accionar pericial es clave.

Nuestras estimaciones indican que, en 2015, las demandas crecerán un 28% respecto del año precedente, pasando de 88.567 a 113.017 juicios nuevos. De este número, en los primeros meses del año nos consta, fehacientemente, que se iniciaron casi 50 mil.

Las reformas plasmadas en la ley 26.773, establecidas en octubre de 2012, que receptaron los principales cuestionamientos provenientes del Poder Judicial, no parecen haber actuado como un disuasivo al reclamo judicial.

En ese momento, cámaras empresarias y sindicatos acordaron aumentos importantes de los pisos prestacionales y las sumas adicionales. También se incluyeron un mecanismo automático de actualización semestral, que hoy alcanza el 296%, además de pagos únicos en lugar de renta mensual; un incremento del 20% en las prestaciones para aquellos casos que sean accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no in itinere; y más enfermedades cubiertas, listado al que se agregan permanentemente nuevas afecciones. Se establecieron parámetros para manejarse con criterios unívocos de valoración del daño y determinación de enfermedades, parejos para todos los casos. Las enfermedades objeto de cobertura integran un listado. Los daños e incapacidades permanentes por un accidente o una enfermedad están tabulados en un baremo, que se integró al cuerpo de la ley como referencia obligatoria ya que establece contingencias y prestaciones precisas y predeterminadas, y procedimientos ágiles para la solución de discrepancias. Seguramente, aún hay aspectos procedimentales a mejorar; pero en esta instancia hoy es indispensable el aval judicial al importante camino recorrido, sin el cual el panorama hacia adelante se carga de incertidumbre. Todos estos cambios fueron una condición necesaria, pero no suficiente, para frenar los reclamos en sede judicial.

En paralelo hay un sistema que da respuesta a más de nueve millones de trabajadores y que transfiere el 92% de su recaudación en prestaciones dinerarias y en especie. Desde los servicios y la cobertura, el sistema avanzó; pero en el plano judicial, esto no se refleja en menores demandas. Es una paradoja difícil de explicar. Los accidentes bajan considerablemente, mientras que los juicios suben…

En la práctica, y en la realidad del día a día, se ve claramente que el sistema de riesgos del trabajo está preparado para dar respuesta inmediata, integral y rápida por vía administrativa a todo aquello que por ley le corresponde cubrir. La idea es justamente rapidez y calidad en la atención de los casos. No sólo porque corresponde, sino porque cuidar la salud de los trabajadores implica un valor social irrenunciable, un activo imprescindible para nuestro desarrollo comunitario y productivo. Estamos hablando de la salud laboral de más nueve millones de personas y de la seguridad y competitividad de 1,3 millones de empleadores para que puedan seguir dando trabajo e invirtiendo en el desarrollo de nuestra economía. Esto es un activo muy importante del sistema.

La litigiosidad exacerbada beneficia a unos pocos que forman parte de la intermediación (innecesaria). Mientras esto ocurre y crece día a día, se pone en riesgo este servicio, que ya es un derecho adquirido e irrenunciable del mundo trabajador / empleador.

Tenemos que lograr entre todos los eslabones de la cadena (empleadores, trabajadores, aseguradores, productores asesores, representantes gremiales y empresariales, reguladores) que se detenga esta andanada judicial. Con menos accidentes, gana la sociedad; con menos reclamos judiciales, también.

No podemos poner en riesgo este resguardo que construimos para preservar la salud y la integridad física de más de nueve millones de personas; tampoco que una estructura con costos razonables y accesibles se encarezca a fin de desviar recursos a lo que no es su fin específico.

¿Cómo entendemos que se corrige esto? Está en la Justicia la puesta en orden de esta situación que amenaza la salud y la capacidad de respuesta del sistema, que hoy transita un serio contexto de costos contingentes impredecibles, atentando contra su solvencia y calidad de servicio.

Es nuestra expectativa y necesidad para el sostenimiento del sistema que los peritos tomen en cuenta la referencia de la propia ley en sus dictámenes, así como también que las diferentes instancias judiciales velen por la acabada aplicación de la ley. Porque, justamente, el sistema opera sobre la base de esas previsiones. Si esos parámetros no se respetan, finalmente se compromete un derecho adquirido, incorporado y valorado por empleadores, trabajadores y sus familias.

Hoy es un sistema que tiene todos los elementos. Esto lo posiciona como el mejor de nuestra historia y uno de los mejores del mundo en cuanto a desempeño en materia de prevención, prestaciones y cobertura. Desde ese lugar entendemos que no se requieren más cambios. Sí, en cambio, demanda una mirada urgente, atenta y equilibrada de la Justicia.

Nota escrita por Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

(fuente: Todo Riesgo [newsletter@ondaseguro.com.ar]- OndaSeguro – Newsletter 304)