ART: el Estado no se hará cargo de los u$s 6000 millones de deuda por juicios

La nueva ley reduce litigiosidad pero no resuelve el stock. Empresas buscan más auxilio financiero. Desde el Gobierno piden esperar hasta marzo próximo.

La nueva ley de ART ya está dando muestras de que reduce la litigiosidad que aquejaba a las aseguradoras de riesgos del trabajo, pero aún queda una mochila sobre los balances de las empresas, que es el stock de juicios ya iniciados, un pasivo calculado por la UART en u$s 6000 millones, que genera situaciones delicadas en materia de solvencia.

Para las empresas, el stock será «el» tema a resolver durante este año, después de que fallaran varias iniciativas, como la creación de un fondo común privado fi nanciado con una sobrealícuota y hasta el financiamiento por parte del Estado.

Pero hay una brecha con las intenciones del Estado, para el cual corresponde al mercado encontrar una solución. Y no sería responsable otorgar más ayudas que la norma que publicó la Superintendencia de Seguros (SSN) en diciembre pasado, que libera reservas para pagar juicios pendientes promoviéndolas a cerrar acuerdos sin llegar a juicio.

El sector privado considera esta iniciativa un «auxilio contable», pero no la solución al problema y se sigue acercando al organismo para obtener financiamiento por parte del sector público.

«Es un oxígeno real en términos de utilización de determinadas reservas para el efecto de pago de juicios», dijo Juan Pazo, superintendente de seguros, a El Cronista, respecto de la resolución 41.155. «El segundo punto, más filosófico de la norma, es la adecuación de las reservas, para que deje de ser discrecional de la SSN y pasen a estar actualizadas por la tasa activa del Banco Nación», agregó.

Las empresas esperan algo más…

Que no esperen nada más y se pongan a trabajar. Esperamos por parte de ellos una actitud proactiva. Tomamos la medida y vamos a analizar el impacto de la misma. Es difícil analizarlo sin un balance.

Pazo reconoció que las ART se acercan con esta inquietud: «Hay que tener paciencia, no pasó un trimestre, no sabemos los resultados del balance de marzo, ni el impacto de la aplicación de la medida. Lo que hay que hacer es esperar y trabajar de manera constante para que las provincias no adheridas se adhieran a la (nueva) ley».

La norma libera la totalidad de las Reservas de Contingencia y hasta un 70% de las Reservas IBNR e IBNER, para que cancelar los juicios por accidentes de trabajo sucedidos antes del 5 de marzo de 2017 y con tiempo hasta el 30 de junio de 2019.

En tanto, levanta el mínimo de las reservas por juicio de $ 137.800 a $ 165.000 actualizándolo por la tasa activa del Banco Nación. Para evitar que incurran en déficit por la misma norma, les otorga hasta ocho trimestres para constituir el pasivo, a partir del cierre de balance marzo 2018.

«Es parte de la solución, te da algo de oxígeno, pero no cambia la estrategia de cada compañía a la hora de pagar juicios. Son soluciones en igualdad de condiciones para todas las aseguradoras, pero no es la solución al problema. Aquellos que tengan un stock importante de juicios y los tengan mal reservados no los van a solucionar con esta medida en lo mas mínimo. No es una solución de fondo para ese problema», dijo el gerente general de una ART.

Por eso, las ART seguirán activas este año para que el sector público avance en una solución adicional: «Queda pendiente ir trabajando diferentes soluciones para administrar el stock de juicios acumulado en estos años que alcanza una cifra escalofriante de 350.000 juicios», explicó uno de los referentes del sector privado.

Alternativas

Antes, el borrador de la nueva ley de ART (que se sancionó en febrero del año pasado) llegó a incluir una solución de mercado: que creara un fondo conteniendo la totalidad de los juicios de las aseguradoras, y que se financiara la mitad con reservas y la mitad con una sobrealícuota. Una medida rechazada por las empresas, porque no podían cargar con más costos a los clientes y no querían hacerse cargo de los juicios mal administrados por las otras compañías.

Informalmente, las aseguradoras acercaron soluciones como el traspaso del paquete de juicios al Estado para que éste lo administre. O la emisión de un bono al Estado que adelantara el 50% del stock a las aseguradoras, las cuales devolverían en un plazo de varios años. Nada prosperó.

En paralelo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) promueve la creación de cuerpos de peritos en las provincias para bajar los costos de los juicios iniciados que les falte el peritaje. Busca alcanzar un acuerdo con la Corte Suprema para que seleccione peritos que financie el Ministerio de Trabajo. Ya hay una prueba piloto en la provincia de Santa Fe.

Fuente: El Cronista.