UIA y Gobierno discrepan sobre futura ley de ART

UIA y Gobierno discrepan sobre futura ley de ART

Reunión en la que Trabajo propuso una totalmente nueva; los industriales prefieren reformar la actual

El Gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) discrepan en cómo deberá ser el futuro régimen legal sobre accidentes de trabajo. El Ministerio de Trabajo propone una ley completamente nueva, en la que se recortaría buena parte de las incumbencias de las ART (Administradoras de Riesgos del Trabajo), en tanto la central propone reformar los capítulos del régimen actual que fueron calificados de «inconstitucionales» por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de 2004.

No fue la única discrepancia que tuvieron ayer los industriales con el Gobierno: horas antes la ministra de Industria Débora Giorgi los «retó» en el marco de un encuentro sobre parques industriales por no defender con la suficiente vehemencia los logros del «modelo», en línea con lo que suele afirmar la presidente de la Nación. La funcionaria provocó miradas de estupor entre los empresarios convocados a conversar sobre parques industriales cuando dijo que «en 2001 no había modelo ni proyecto de país». Es que había sido ella quien le entregó el despacho a José Ignacio de Mendiguren cuando éste asumió como titular de Industria en el Gobierno de Eduardo Duhalde.

De todos modos, Giorgi -que supo formar parte del plantel de profesionales rentados de la UIA- dijo que «cualquier problema que tengan con el ingreso de bienes de capital o maquinaria en la Aduana, tengo instrucciones de la Presidente de resolverlo. Hablen conmigo». Sobre ese tema suele mandar el omnipresente secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Por la tarde, el titular de la cartera laboral Carlos Tomada recibió a Mendiguren y a Daniel Funes de Rioja (presidente y vicepresidente de la UIA) para explicarles el proyecto oficial. El funcionario les informó a los empresarios que ya se había reunido con representantes de pymes, bancos, la construcción, la CGT y la cámara de ART, entre otros, y aseguró que había logrado un amplio consenso sobre la futura norma.

La afirmación de Tomada, obviamente, dejaba a la UIA en la difícil posición de ser la única entidad que se opone al proyecto oficial. Pese a esto, Mendiguren y Funes de Rioja insistieron en la inconveniencia de enviar hoy al Congreso una ley absolutamente nueva, en un momento en que cae la competitividad de la industria local y crecen de manera exponencial los juicios por accidentes de trabajo.

Dos fallos

La necesidad de reformar esta legislación surgió de dos fallos de la Corte: uno de ellos declaraba inconstitucionales los topes indemnizatorios fijados por la primitiva ley de ART. El segundo habilitaba la denominada «doble vía»; el trabajador puede cobrar el monto que regula la ley pero después acudir a la Justicia reclamando un importe mayor.

El tema viene arrastrándose desde 2004, o sea casi ocho años. Hace dos años el Gobierno -a instancias de Tomada- emitió un decreto firmado por Cristina de Kirchner aumentando los montos indemnizatorios, apuntando a que así terminaría con (o al menos reduciría drásticamente) la avalancha de demandas que se venían produciendo. Sucedió exactamente lo opuesto: las indemnizaciones quedaron rápidamente desactualizadas por la inflación y la industria del juicio sigue gozando de excelente salud.

El temor de los empresarios no sólo es por los contenidos del proyecto sino también por lo que pueda pasar en el Congreso: allí -se sabe, ha ocurrido- partidos como la UCR tratan de «correr por izquierda» al Gobierno en determinados temas, y también les preocupa la presencia del laboralista Héctor Recalde, (¿ex?) abogado de Hugo Moyano.

Sin embargo, lo que más les quita el sueño es que, hasta tanto se sancione esa nueva ley y seguramente también después de que esto suceda, seguirán acumulándose las demandas en la Justicia laboral.

En la actualidad existe un stock de más de 65.700 juicios; si a cada uno le correspondiera una indemnización promedio de u$s 15.000 (estimaciones de abogados laboralistas), representaría un pasivo contingente para las empresas de cerca de u$s 1.000 millones.

Zonas grises

Desde ya, la ley futura -igual que la anterior- tendrá una serie de «zonas grises» que quedarán al arbitrio de la interpretación de los jueces. La UIA le dijo a Tomada que esto será volver a foja cero y que no se resolverá el tema de fondo, o sea la industria del juicio.

El tema de esta ley es tan antiguo que la entonces ministra de Economía Felisa Miceli fue la primera en prometer que «esto se resuelve en un par de meses».

(fuente: ámbito.com – 11/7/12- Por: Sergio Dattilo )